A pesar de aceptar que fungió como contratista del Estado durante varios años, Sherry Ordóñez sostiene que no hay impedimento en ello para dirigir la cartera de Comunicaciones, por lo que no renunciará.
Ordóñez, quien se dice orgullosa por su carrera en la Cartera de Comunicaciones tras haber empezado como empleada en los 90, dijo que los contratos con el Estado solo son una actividad económica.
Además, explicó que fue contratista entre el 2002 y el 2008 y al ser cuestionada respecto a los contratos que obtuvo posteriormente, advirtió que se trataba de asesorías.
Sin embargo, el Artículo 197 de la Constitución de la República detalla que “los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado”, no pueden ser Ministros. Sin embargo, Ordóñez justificó que ahora ya puede serlo, porque renunció a su condición de contratista.
El constitucionalista Alejandro Balsells considera que la Ministra debe revisar su criterio jurídico, ya que no se trata de que continúe siendo contratista, lo cual incluye obra y supervisiones, sino que podría haber conflicto de intereses al revisar o evaluar una obra construida por su empresa.
Respecto a la inhabilitación de la empresa de Ordóñez, Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), por deuda del Impuesto de Valor Agregado, la funcionaria afirmó que se trata de un desacuerdo y de información imprecisa en el portal Guatecompras.
Ordóñez quien además presentó que tiene una débito por el Impuesto Sobre la Renta que supera los 45 mil quetzales, no descartó que detrás del “aceleramiento” del proceso de inhabilitación hayan intereses de terceros.
El politólogo Renzo Rosal comparó los argumentos de Ordóñez con el que utilizan los alcaldes para asumir, aunque tengan diversas empresas que se benefician de la Comuna, como en el caso de Arnoldo Medrano en Chinautla.
Para Rosal, la situación de la Ministra que también fue dirigente de la gremial de contratistas, genera un desgaste innecesario para el Gobierno de Jimmy Morales.
