El mandatario Jimmy Morales confirmó la renuncia de María Eugenia Villagrán al cargo de Procuradora General de la Nación (PGN), aparentemente por problemas personales. Sin embargo, hasta el momento la aún funcionaria no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si su dimisión podría obedecer a presiones por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La titular de la PGN había informado que contratarían un bufete de abogados para presentar la demanda de nulidad contra el contrato de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), luego de recibir el aval del mandatario Jimmy Morales.
La funcionaría había estimado que luego de la contratación de los abogados, llevaría al menos 15 días para presentar la demanda.
Posteriormente, al finalizar el proceso legal en los tribunales guatemaltecos, la compañía propietaria de TCQ podría accionar ante un órgano internacional y revertir el fallo. Por ello se encontraban en análisis del caso.
Temía por su vida
El pasado 26 de abril, Villagrán había manifestado que temía por su vida, luego de haber presentado una denuncia penal contra el que fuera el gabinete de gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
En esa ocasión la procuradora señaló que había solicitado seguridad al Ministerio de Gobernación, pero lamentó que no se hubiesen puesto en contacto con ella. Por su parte, el vocero de dicho ministerio afirmó que Villagrán contaba con seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y una patrulla que le daba acompañamiento.
Sin embargo, en esa oportunidad la PGN desmintió la versión y aclaró que la patrulla que le habían asignado en noviembre de 2015 fue retirada en marzo de este año y que los agentes asignados resguardaban el edificio y no a la funcionaria.
Función de la PGN
La Procuradora tiene como función la asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, así como la representación constitucional del Estado. Al funcionario que ocupa el cargo se le conoce como abogado del Estado.
La PGN también debe representar a niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad ante cualquier tribunal de justicia, cuando no tienen representación, tal como lo establece la Constitución Política de la República en su artículo 252.
