El jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, y el diputado Amílcar Pop, de Winaq, se han propuesto evitar que la empresa privada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), empiece a operar en noviembre, tras tres años de construcción.
El Contralor anunció que buscará los argumentos para declarar la lesividad del contrato, ya que señala que las operaciones de TCQ competirán con las de Puerto Quetzal y hacen peligrar los puestos de trabajo de esa entidad.
TCQ es una empresa que pertenece al consorcio Terminal de Contenedores Barcelona, que opera puertos en España, México, Colombia y otros países. Los ejecutivos de la compañía aseguran que su sistema automatizado limita la corrupción, hace más eficaces y transparentes las operaciones del Puerto e incrementa la recaudación. Sin embargo, desde que la empresa se instaló en Guatemala hace tres años, el proyecto ha estado rodeado de polémica.
Un contrato cuestionado
El contrato de TCQ, negociado en 2012 a puerta cerrada entre el presidente Otto Pérez Molina y el exinterventor de la Portuaria, Allan Marroquín, contempla la construcción de una terminal en un terreno de 348 mil metros cuadrados, entregado a 25 años en usufructo prorrogable. TCQ paga a la Portuaria Quetzal una renta de 20 centavos de dólar por metro cuadrado, es decir 2.4 millones de dólares al año, y una cuota de 11.50 dólares por contenedor movilizado, que, según las proyecciones de TCQ, producirá alrededor de 132 millones de dólares de ingresos para la Portuaria Quetzal durante el tiempo que dura el contrato.
Los empleados sindicalizados de la Portuaria Quetzal manifestaron y se opusieron a las condiciones de este contrato. Con esto obligaron al Gobierno y a la Portuaria a sostener mesas de diálogo para conocer sus preocupaciones. Finalmente los acuerdos llegaron varios meses después.
En ese proceso, también intentaron impugnar el contrato el diputado de Libertad Democrática Renovada (Lider), Roberto Villate, y la legisladora Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, por considerar que representaba una competencia desleal y sería lesivo a los intereses de la Nación.
Con apoyo del Banco Mundial
A finales de 2013 y todo el 2014, las críticas sobre dicho contrato se acallaron. Superadas las instancias legales, TCQ prosiguió con la construcción de una terminal de contenedores valorada en 177 millones de dólares.
Juan José Suárez, gerente de TCQ, explicó a Soy502 que el proyecto es financiado con 126.2 millones de dólares en préstamos, de los cuales, 61.2 millones son proporcionados por el Banco Mundial a través de su brazo de inversión privada, IFC. Por su parte, el Banco G&T Continental aportó 40 millones.
El resto, señala Suárez, 50.8 millones de dólares, son financiados con fondos propios, de los cuales 7.6 millones, es decir el 15%, es aportado por el IFC del Banco Mundial, que también participa como accionista de TCQ.
La terminal tiene proyectado movilizar anualmente 700 mil contenedores, más del doble que trabaja la Portuaria Quetzal, gracias a un sistema computarizado que funciona de forma autónoma y no permite la intervención humana.
“¿Por qué ahora?”
El diputado de Winaq, Amílcar Pop, resucitó el debate sobre este proyecto, pues a criterio del legislador, peligran las plazas de empleo de los trabajadores de la Portuaria y no debe operar con libertad de tarifas.
Suárez explica que si bien es cierto que tendrán libertad de tarifas, el contrato establece que no serán más bajas que las de EPQ. “Nuestra tarifa mínima será la de la Portuaria, siempre será más costoso nuestro servicio”, dijo.
Además, detalló que según la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Estado tiene tres años para declarar lesiva una inversión privada con la que haya suscrito algún contrato, plazo que finalizó el 24 de junio recién pasado. “Mi pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué discutir otra vez algo que ya se resolvió?”, preguntó.
Al cuestionar a Suárez sobre la forma en la que se suscribió el contrato, este señaló que los otros 28 usufructos que funcionan en la Portuaria se hicieron de la misma forma y nadie los cuestiona. “Son usufructos de 15 a 25 años: hay una terminal de azúcar, de gas, ¿por qué el nuestro sí lo cuestionan y esos no? No lo sé”.
Inicio de operaciones
TCQ iniciará operaciones a finales de noviembre de este año. Suárez explicó que este mes vendrá el primer embarque con las grúas y en septiembre el segundo. “Hay más de 1 mil 200 personas trabajando en la construcción”, añadió.
Sin embargo, debe sortear un paso más. Suárez comentó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debe modificar sus reglamentos para permitir la operación de un sistema informático que funciona sin intervención humana.
Según el reglamento de la SAT, debe existir un operador aduanero. “Esa figura se elimina con nuestro sistema. Pero si la SAT no resuelve esto antes en las próximas semanas, no podremos implementarlo”, señaló.
El encargado de realizar esas modificaciones es el Directorio de la SAT, pero no han iniciado con dichas discusiones y quedó engavetada desde que la Administración Tributaria se vio en el ojo del huracán tras destaparse casos de defraudación aduanera que llevaron a prisión al Superintendente, Omar Franco y a varios ejecutivos y empleados de Aduanas.
