La nómina que integró la Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General es, a criterio de varios analistas, una lista cómoda para el presidente Otto Pérez Molina, debido a que al menos tres de los seis son afines al Gobierno.
La actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, quedó fuera de la nómina de seis, pese a ser una de las candidatas mejor calificadas por la misma Comisión.
La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se declaró "sorprendida" por la ausencia de la actual fiscal general en el listado de seis candidatos. "Nos sorprende que Paz y Paz no esté en el listado de seis abogados pese a su excelente desempeño durante su período, además de su calificación en el proceso", aseguró el portavoz de la Cicig, Diego Álvarez.
"No terminamos de comprender cuál es el sistema de calificación, pues la sociedad civil lleva dos meses pendiente de esta elección, y al final no entendemos si las calificaciones sirven o no", agregó Álvarez.
Todo lo anterior, hace creer a varios expertos que pudo existir injerencias en el trabajo de la Comisión de Postulación, algo que el mismo Ejecutivo ha negado a través de campos pagos.
El presidente de la Postuladora, José Arturo Sierra, al ser cuestionado sobre este tema, declaró que “no puede afirmar, ni desmentir, es probable que haya ocurrido”, y evito seguir hablando del tema.
Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, señaló que se trata de una lista cómoda para el mandatario y a su criterio los vinculados al Gobierno son Thelma Aldana, Julio Rivera Clavería, y Eunice Mendizábal. “La mitad de la lista es favorable para el Gobierno”, aseguró.
Por otro lado, Lisandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), destacó que cualquiera de los candidatos posee la capacidad para dirigir el MP, el cual arrastra una serie de falencias que deberán mejorar.
Sin embargo, considera que para la elección de la nómina final hubo presiones de diversos sectores como el empresarial, el Ejecutivo, el Ejército; incluso de la comunidad Internacional, sociedad civil y grupos de derechos humanos.
