El día que se discutiría si enfrentarían juicio por lavado de dinero ya no se presentaron ante el juez, y fue ahí donde se desveló la trama que empezó cuando se emitió la resolución judicial que facilitó su fuga. Son dos mexicanos y dos guatemaltecos vinculados al blanqueo de dólares para un cartel de drogas mexicano.
Son los cuatro hombres capturados con 1.2 millones de dólares que transportaban en un hidroavión y escaparon meses después de ser beneficiados con fianza de Q1.2 millones que pagaron en efectivo.
El juez que los liberó ha sido denunciado más de 40 veces, pero solo en una ocasión ha sido sancionado.
Juez los libera
Edgar Aníbal Arteaga López es el juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, que el 5 de diciembre de 2017 autorizó la salida de los cuatro hombres después del pago de una fianza en efectivo de 300 mil quetzales cada uno para un total de 1.2 millones de quetzales.
La resolución la emitió ha pesar de que el Ministerio Público (MP) se opuso porque los extranjeros no garantizaban su permanencia en el país.
Según el registro público de la Supervisión de Tribunales, el juez Arteaga ha sido investigado de manera administrativa desde el año 2000 en 43 ocasiones, pero la única denuncia que prosperó es una de 2006. La sanción fue de 10 días de suspensión de labores sin goce de salario.
Para ese entonces Arteaga era juez de Primera Instancia Penal de Villa Nueva y devolvió un vehículo al propietario sin consultar con el MP, en un caso donde el sindicado fue capturado por transportar marihuana, se lee en el expediente.
El resto de denuncias han sido por supuestas anomalías en los procesos, pero la Supervisión de Tribunales no ha podido corroborar esos señalamientos y los expedientes se archivan.
Los mexicanos
Los mexicanos Jonathan Pinedo Murphy y Óscar Alberto Flores Serrano se encontraban el 23 de noviembre de 2017 en el interior de un hidroavión en Playa Dorada, Los Amates, Izabal. La captura se concretó un día después al concluir el conteo de los dólares.
Pinedo Murphy era el piloto y Flores Serrano el copiloto. En la aeronave transportaban US$1.2 millones, dinero que se presume es de un cartel mexicano.
También se les decomisó un mil 955 pesos, teléfonos satelitales, un casco de visión nocturna, radares marinos y aéreos.
La investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, determinó que el hidroavión, que tiene fines recreativos y no comerciales, fue modificado para poder recorrer al menos cuatro veces más para lo que originalmente está diseñado.
Un informe de Aeronáutica Civil concluyó después de un expertaje que al hidroavión se le alteró el tanque de combustible.
Los guatemaltecos
Cuando se capturó a los mexicanos estaban siendo abastecidos de gasolina por los dos guatemaltecos.
Marlon Alexis Palacios Rivera y Jorge Mario Mejía Juárez estaban en una lancha con reporte de robo, tenían los tambos de gasolina.
Ambos están acusados de lavado de dinero y hurto y también huyeron de la justicia luego de pagar las fianzas.
El bungalow, la guarida
Un bungalow en el interior de la sede del Aeroclub en Izabal, fue usado como guarida del grupo criminal, dice la fiscalía, que inició proceso en contra del hombre que lo alquiló.
Carlos Segura es socio del lugar y arrendó por tres días el pequeño apartamento que sirvió para ocultar el hidroavión y alimentar a los otros cuatro hombres.
El pequeño avión fue parqueado en la rampa acuática.
Carlos Segura está ligado a proceso por lavado de dinero y también fue beneficiado con una caución económica de Q250 mil. La fiscalía dice que la actitud del quinto hombre involucrado es de colaborar con las autoridades.
La fuga paso a paso
El día que se discutirá se enfrentarían juicio ya no se presentaron ante juez y fue hasta ese momento que se les declaró oficialmente prófugos.
La cronología en resumen:
El 5 de diciembre de 2017 se les concede las fianzas. Un día después la Fiscalía apeló con argumentos como que no tenía lógica la portación de los dólares y que el contrato de arrendamiento de una casa para los mexicanos era falso.
El documento fue presentado por los abogados defensores, Martha Rossana Gallardo Rosales y Carlos Rafael Rosales Crispín que además se propusieron como garantía para la estancia de los mexicanos.
Se intentó comunicar con Gallardo, pero en su oficina no respondieron y en el caso de Rosales Crispín sus datos no aparecen registrados en el Colegio de Abogados.
Otorgadas las medidas sustitutivas el juez Edgar Aníbal Arteaga sale de vacaciones y su suplente termina firmando las boletas de libertad.
El 9 de enero de 2018 la Sala de Apelaciones de Izabal acepta el recurso del MP y revoca las fianzas con el argumento de que el juez Arteaga “no fundamentó de forma clara la resolución”.
El 6 de febrero le notifican al MP de esa decisión y pasados tres días se emiten nuevas órdenes de captura; pero de las nuevas aprehensiones no se notificó a la fiscalía y al parecer los oficios tampoco se enviaron a la Policía Nacional Civil.
El 23 de marzo se programó una audiencia para solicitar el cambio de delitos, pero los primeros abogados renunciaron a seguir en la defensa en ese momento los cuatro hombres se quedaron sin su garantía.
El 4 de abril fue la última vez que los mexicanos Jonathan Pineda Murphy y Óscar Alberto Flores Serrano se presentaron a firmar para corroborar su permanencia en el país. Lo hicieron en un juzgado de Paz de Turno. Lo mismo ocurrió con los guatemaltecos.
El 3 de julio en la audiencia que sería para discutir si enfrentarían juicio se declaró su rebeldía y la acusación del MP quedó guardada mientras se les captura para reanudar el proceso.
