El Comisionado Iván Velázquez presentó una propuesta para crear un nuevo impuesto al patrimonio que permita financiar la lucha contra la impunidad en Guatemala. La idea fue expuesta en una actividad donde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) recomendó varias medidas para financiar la justicia y la seguridad en el país, pero ninguna incluyó la creación de un nuevo impuesto como el sugerido por el Comisionado.
La razón por la cual ICEFI no propuso un nuevo impuesto es clara: técnicamente no tiene ningún sentido. Adicionalmente, las ineficiencias en la recaudación tributaria actual bien pueden dar pie a formas de financiamiento más efectivas y con mayor capacidad recaudatoria. Pero bueno, la CICIG no es ni el ICEFI ni el FMI, así que nadie espera que el Comisionado Velázquez brinde un aporte técnico en materia tributaria.
Pero en lo que no se equivoca el Comisionado es en indicar que se requieren recursos frescos para financiar la lucha contra la impunidad. Y si bien su solución técnicamente no tiene validez, su señalamiento político en cambio es incuestionable. Mal haríamos los guatemaltecos en dejar pasar esta oportunidad sin llevar a cabo un debate que quizás al gobierno entrante, a los empresarios, y a la clase política no les interese, pero para nosotros los ciudadanos es fundamental.
Para la ciudadanía hay dos caras del tema: por un lado acabar con la corrupción en el gasto público, y por otra parte cobrar los impuestos como Dios manda, sin fraude en las aduanas y sin evasión por parte de los que más deben contribuir. Se trata de cerrarle la llave a los que se apropian de los recursos públicos para hacer negocios, y de parar la piñata del no pago de impuestos. En ambas luchas, la CICIG y la ciudadanía debemos ser aliados.
La CICIG debe comprender que el no pago de impuestos es otra forma de evadir el cumplimiento de la ley. Y que si desea ayudar a que se fortalezca el Estado de Derecho, en vez de sugerir un nuevo impuesto, debe en primer lugar ayudarnos a que las leyes tributarias se cumplan. Capturar a la red mafiosa de La Línea, y luego permitir que siga el fraude aduanal como se da hasta la fecha, es engañarnos a nosotros mismos. Y combatir el fraude aduanal y la evasión tributaria es parte del Imperio de la Ley que tanto deseamos que exista en nuestro país.
Está claro que la CICIG debe asesorarse bien para navegar por las aguas turbulentas de las mafias y la política tributaria. En esos mares solo nadan grandes tiburones. Desde hace siglos es así. Y por eso muchos barcos se han hundido y desaparecido queriendo surcar las corrientes marinas de la tributación.
Entre los aliados clave de la CICIG y la ciudadanía se encuentran entes técnicos como el ICEFI, y organismos internacionales como el FMI. Armar una propuesta sólida para enfrentar la crisis fiscal actual y de paso fortalecer a la SAT y a la Contraloría, dará los recursos frescos que efectivamente se necesitan para enfrentar el flagelo de la impunidad en nuestro país.
Asi que el Comisionado Velázquez se equivocó en la propuesta pero no en el diagnóstico. Y si el Comisionado desea encontrar los recursos tributarios para dar pies y alas a la lucha contra la impunidad, debe procurar sentarse con otros aliados y construir con ellos una propuesta sólida que permita eliminar la impunidad en el fraude y la evasión tributaria. Las mafias corruptas se encuentran del lado del gasto público, y del lado del fraude aduanal y la evasión. Es un monstruo de dos cabezas que deben ser cortadas de tajo.
La ciudadanía debe demandar un propuesta fiscal seria que contemple las dos caras de esa moneda. El Impuesto CICIG puede ser una ocurrencia. Pero financiar la lucha contra la impunidad es la diferencia entre un futuro de paz y de respeto a la justicia, o uno de violencia y caos social. Y los guatemaltecos y guatemaltecas han demostrado contundemente este año porque desean un pais en paz, gobernado por leyes y no por bandidos.
