Lejos de jugar fútbol u otras diversiones típicas de los menores, cada vez más niños son absorbidos por las pandillas y obligados a delinquir. Esto constituye un verdadero problema social.
El último caso tuvo lugar en la zona 15 este jueves 23 de julio. Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un par de jóvenes: uno de ellos de 15 años, al que se le incautó un arma de 9 mm de calibre.
Según las autoridades oficiales, querían perpetrar un ataque armado. El motorista que transportaba al sicario iba a cobrar 900 quetzales por el servicio (600 por adelantado) y lo tenía que esperar a dos cuadras de donde iba a tener lugar el crimen.
Otro caso, más sonado en los medios ya que se cobró una víctima, fue el de Ángel Ariel Escalante, el menor que prefirió morir antes de cometer un delito.
Santa Catarina Pínula, Cuatro capturados responsables de descuartizamiento de una mujer, del año en curso. pic.twitter.com/IJ4hSHvLCB
"La presión policial que están recibiendo las pandillas les restan operatividad y por eso acuden a los menores", según explicaron fuentes del Grupo Panda, que prefirieron mantener el anonimato.
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La inimputablidad de los menores es el principal atractivo de los pandilleros. "En caso de que reciban condena no va a ser superior a 6 años (para menores de 18 años) y no afecta la cantidad de homicidios que acumulen", señalaron.
En el primer semestre de 2015, fueron aprehendidos 63 menores y 12 armas de fuego. Si la tendencia continúa el año terminará con cifras similares a las de 2014, cuando capturaron a 156 menores.
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La tendencia es progresiva ya que en 2013 lograron detener a 105.
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Amenazados o incentivados
Un grupo de reclutadores son los encargados de encontrar y absorber a estos menores. En la mayoría casos, coinciden una serie de factores que van desde la pobreza a la desintegración familiar.
"La etapa adolescente y la rebeldía de los menores son aspectos proclives que determinan la entrada en las pandillas", aseguraron.
Además, los grupos criminales les fuerzan o les engañan para conseguir absorberlos. En muchos casos también optan por ofrecerles dinero, medios tecnológicos, drogas e incluso sexo.
La solución
Una de las soluciones preventivas que trabaja el grupo policial es el de elevar la pena a 15 años, como ya lo hicieron El Salvador y Honduras.
Asesores legales del Grupo Panda aseguraron haber llevado al Congreso la propuesta junto con una coalición ciudadana, Fundesa, el Ministerio Público y Gobernación. No obstante, la iniciativa quedó parada
Otra opción que plantean de cara al próximo gobierno es que realice políticas de Estado que se encarguen de reclutar a estos menores para hacer el bien.
