El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió ligar a proceso penal al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por encontrar “indicios” que hacen suponer que tuvieron participación en la estructura que cobró sobornos a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a cambio de otorgar un contrato de usufructo por 25 años, para la construcción de la nueva terminal en la Empresa Puerto Quetzal (EPQ).
Gálvez aceptó los argumentos del Ministerio Público (MP), que pidió ligar a proceso a Pérez que acumula un segundo proceso penal en su contra y contra Baldetti que suma tres expedientes, todos por corrupción.
El juez Gálvez también ligó a proceso a los otros 10 sindicados. En total, estos son los nombres y los delitos por los que fueron ligados:
Gálvez advierte sobre su independencia judicial
Al iniciar la resolución, el juez Gálvez dijo que la independencia judicial es fundamental “para consolidar el estado de derecho”. Antes de eso, criticó a los abogados defensores por los alegatos “políticos y no jurídicos” que realizaron durante la audiencia de primera declaración.
También explicó que la ley establece la figura de colaborador eficaz; la mención la realizó debido a la inconformidad de los defensores y por la filtración a la prensa del audio de la declaración en anticipo de prueba. “Yo no me voy a prestar”, dijo el juez Gálvez.
También hizo referencia a su experiencia como juez. “Ni el MP ni la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) me colocaron como juez, tengo 17 años de estar en el Organismo Judicial”.
Gálvez recordó que a Juan Carlos Monzón también se le ligó a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho, asociación ilícita y fraude.
"No voy a entrar a analizar si se comprobó todo lo que dijo Monzón, solo analizaré indicios", señaló Gálvez.
El juez utilizó como base para sus argumentos, la declaración de algunos testigos como César Augusto Medina Farfán, un exguardaespaldas del sindicado Jhonatan Chévez y el testimonio del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón.
Entre los documentos, el juez Miguel Ángel Gálvez leyó el informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que detectó las transferencias millonarias y por lo que se denunció al MP.
También aceptó como indicios varios documentos encontrados y decomisados en celulares y computadoras de Juan Carlos Monzón, César Medina y la secretaria de Gustavo Martínez, entre otros.
Como parte de la explicación, el juez dio lectura al informe de la IVE, el cual revela las millonarias transacciones financieras que realizó el sindicado Jonathan Chévez, quien según el MP se encargó de blanquear el dinero de los sobornos.
Según ese informe, la empresa Transacciones Monetarias Unidas, Sociedad Anónima, propiedad de Chévez, tuvo movimientos financieros de 2014 a 2015 de 149 millones de quetzales.
El informe de la IVE hace referencia a las transacciones de otros actores, como la asistente de Baldetti, la exdiputada Daniela Beltranena, Salvador González, alias Eco, el padre del diputado Christian Boussinot, Jacques Boussinot, quien según el informe de IVE es representante de la empresa Grupo Innovador.
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La audiencia de primera declaración inició el lunes 25 de abril y se ha desarrollado por dos semanas.
Tras ligarlos a proceso, el juez declaró un receso. A su regreso este mismo viernes por la tarde, decidirá si envía a prisión preventiva a doce implicados y, si lo hace, a qué prisión. También definirá cuánto tiempo tendrá el MP para la investigación.
