El Juzgado Séptimo Penal ordenó la intervención de la empresa Aceros de Guatemala S.A., debido a la sospecha de la defraudación tributaria de unos 500 millones de quetzales, que fue denunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además, el titular del Juzgado Séptimo, Juan Adrián Rodríguez, ordenó el arraigo contra los socios mayoritarios de Aceros de Guatemala, José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez, así como del representante legal Pedro José Raúl Paiz Valdez.
Según detalló el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, aún se realizan las auditorías necesarias para determinar el monto completo de lo defraudado. El ente recaudador ya propuso un interventor para Aceros de Guatemala, lo cual debe ser ratificado por el Juzgado Séptimo.
Paiz Valdez y Valdés Gómez ya se encontraban ligados a proceso por el llamado Caso La Línea 2, por la supuesta defraudación aduanera de Aceros de Guatemala. En este proceso, también implicó a Frank Trujillo, pero el juez Miguel Ángel Gálvez lo dejó libre por falta de méritos. Una sala ordenó al juez revisar la medida, lo cual no ha conocido debido a que no concluye la audiencia de primera declaración del Caso TCQ.
El fiscal del Caso Aceros de Guatemala, Andrei González, confirmó que este jueves pidió la intervención de la empresa “para que se tome control de la entidad” debido a la defraudación de 250 millones de quetzales, que se denunció y el juez séptimo accedió de manera inmediata.
El próximo 10 de mayo en una audiencia pública, el juez Adrián Rodríguez juramentará al interventor de la empresa Aceros de Guatemala.
Otra intervención
Según Solórzano Foppa, jefe de la SAT, también se solicitó la intervención de las Farmacias Galeno, por defraudación tributaria de unos 5 millones de quetzales, que corresponde al monto de multas e intereses.
La intervención de una empresa significa que un juzgado ordena que una persona, propuesta por la SAT, se haga cargo de la representación legal, para continuar con los pagos tributarios, así como de las otras obligaciones de las empresas y no entorpecer así su funcionamiento.
Por aparte, se continúa el proceso judicial correspondiente para determinar si las empresas incurrieron en el delito de defraudación tributaria.
* Con información de José Miguel Castañeda, Evelyn de León y Marcia Zavala
