Tras ligarlos a proceso, el titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, resolvió beneficiar a los seis sindicados de apropiarse de manera ilegal de activos del Banco de los Trabajadores (Bantrab) con arresto domiciliario.
La Fiscalía y querellantes solicitaron que los implicados fueran enviados a prisión preventiva por el riesgo de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad; sin embargo, los abogados defensores se opusieron a la medida de coerción y argumentaron que sus clientes no podrían interferir en la investigación.
Las condiciones que deberán cumplir los acusados, entre los que figura el expresidente del Bantrab, Sergio Hernández, para poder evitar la prisión es el pago de cauciones millonarias y acudir cada ocho días a firmar el respectivo registro a la Fiscalía.
Según la investigación, los señalados entregaron 5.5 millones de quetzales del Banco a la abogada Karen Flores como supuesto pago de sus honorarios.
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El mismo dinero del Banco fue utilizado para adquirir 10 inmuebles en Villas de Elgin, que eran parte de los activos extraordinarios del Bantrab, en una subasta pública cuya convocatoria fue publicada en la sección de farándula de un diario.