Varios juzgados del ramo laboral ordenaron la reinstalación de otros 13 empleados del Congreso que fueron destituidos en enero, junto a otros 39 trabajadores quienes aún buscan retomar su plaza. Estas personas fueron contratadas en los últimos meses en que Luis Rabbé presidió el Organismo Legislativo.
La Junta Directiva de este organismo consideró que no habían transcurrido los cuatro meses que la ley establece como prueba para un empleado 011, por lo que decidió removerlos. Sin embargo, los juzgados determinaron que los despidos eran injustificados.
El Presidente del Legislativo Mario Taracena afirma que apelarán estas resoluciones. Sin embargo, tendrán que acatar las órdenes.
Estas reinstalaciones se suman a la de la Coordinadora General de la Unidad de Acceso a la Información, Dolores Zeledón, quien desde 2010 ocultó los registros de este organismo referentes a salarios y otros fondos que gasta el Congreso.
Los 14 trabajadores recibían salarios de entre 4 mil y 32 mil 405 quetzales, pero con el incremento salarial del 10% que se hizo efectivo en enero, recibirán entre 4 mil 400 y 35 mil 646. En total, estas plazas le generarán un gasto mensual al Estado de 159 mil 946 quetzales con 59 centavos.
Según el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), Alfredo Tumax, los jueces solo hicieron su trabajo al defender los derechos de los empleados.
Varios de estos empleados podrían quedar "en disponibilidad", es decir sin nada qué hacer durante su jornada laboral. Dos de ellos estaban asignados a diputados que no lograron su reelección y otros cinco estaban asignados a parlamentarios o bancadas que ya llenaron sus plazas laborales.
Además de regresarlos a sus puestos, el Congreso deberá pagarle los salarios que han dejado de recibir en los dos meses en que no han trabajado.
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Taracena afirma que dentro de la renegociación del pacto colectivo y la aprobación de las reformas a la Ley de Servicio Civil del Congreso buscarán impulsar el retiro voluntario, aunque la indemnización de los trabajadores que renuncien le costará varios millones de quetzales al Estado, los cuales serán financiados con los ahorros de ese organismo que superan los 178 millones de quetzales.
