El colaborador eficaz de varios procesos por corrupción, ex secretario general de la vicepresidenta Roxana Baldetti y armador en jefe de los negocios sucios del Partido Patriota, Juan Carlos Monzón, esbozó con su testimonio en tribunales, un retrato hablado del sistema corrupto que nos ha gobernado por décadas.
La semana pasada se trató de eso: la declaración del principal testigo de la cooptación del estado por las mafias y los saqueadores del presupuesto.
La semana que comienza ahora se trata, en cambio, del futuro y sobre todo de una pregunta que debemos responder los guatemaltecos: ¿queremos que ese sistema político que describió Monzón siga gobernando o queremos seguir combatiéndolo para establecer reglas más transparentes y democráticas?
Los días que vienen son cruciales.
Antes del 16 de abril, la Comisión de Postulación para elegir al nuevo (o nueva) Fiscal General, debe elaborar una lista de seis candidatos para el puesto, que habrá de entregarse al Presidente Jimmy Morales, quien tiene en sus manos la designación del sucesor, o sucesora, de Thelma Aldana, a la cabeza del Ministerio Público, MP.
Mientras los decanos de las universidades del país se sacan los ojos para elegir a esos seis nombres y decenas de operadores políticos tratan de endulzarles el oído, colmarlos de atenciones o extorsionarlos cual pandilleros, el Congreso está en otra batalla: reformular el delito de financiamiento electoral ilícito.
Pueden parecer eventos políticos separados, pero en torno a ellos, los heraldos del antiguo régimen buscan el mismo propósito: mantener el sistema corrupto que nos ha gobernado desde hace décadas y que ha producido fortunas fabulosas, sin interferencias incómodas del MP.
La Comisión de Postulación para el MP está bajo una presión monumental. Hay fuerzas poderosas que buscan meter en el congelador los procesos en marcha y garantizarse un Fiscal a su gusto: ya sea un aliado declarado de las mafias o un personaje gris, solapado, dispuesto a venderle rápido el alma al diablo.
De su lado, los diputados intentarán aprobar este martes de urgencia nacional una reforma al delito de financiamiento electoral ilícito para perpetuar los flujos de dinero que los han hecho millonarios.
La ley actual prohíbe recibir dinero con orígenes ilícitos o provenientes de donantes anónimos. También sanciona al partido que recibe dinero (y a quien lo entregó), si esos ingresos no quedan registrados. Las penas van de cuatro a doce años de prisión inconmutables y las multas de 100 a 500 mil quetzales.
Lo que buscan los diputados es descargarle esas responsabilidades al secretario general del partido y endosarle el camote un funcionario de menor jerarquía, digamos el contador, así como ponerle tope a la pena en cinco años conmutables y no más de 100 mil quetzales.
Los ciudadanos debemos estar muy atentos ante lo que ocurra esta semana en la Comisión de Postulación del MP y el Congreso.
Las mafias nos han tenido ahorcados por muchos años, al punto que hoy el país tiene algunos de los peores indicadores sociales y económicos del Hemisferio e incluso del mundo. Ese régimen de corrupción que recién describió Juan Carlos Monzón en tribunales, nos condena a la miseria y a la convulsión social.
El financiamiento electoral ilícito ha podrido a nuestro sistema de partidos políticos. Es cierto que la redacción actual del delito es ambigua y hay que diferenciar las acciones reprensibles, pero levantarle todas las trancas nos convertirá en rehenes del crimen organizado, el narcotráfico y los saqueadores del presupuesto.
De igual forma, en la lista de candidatos a Fiscal General no debemos aceptar menos de seis profesionales intachables, porque si cuelan entre los seis a un aliado de las mafias, ¿adivinen a quién va a poner el Presidente, con ese talento natural que tiene para rodearse de las peores firmas?
Guatemala ha vivido durante los últimos 24 meses una batalla contra la corrupción que no tiene precedentes. En ese contexto, esta semana nos jugamos el futuro. No podemos darnos el lujo de retroceder, a menos de que queramos vivir de rodillas ante los criminales que quieren perpetuarse.
Más de Dina Fernández:
