Durante un año, Bianca Chacón Barillas y algunos de sus familiares cobraron un sueldo por servicios profesionales que nunca prestaron al Registro General de la Propiedad, así lo relató la mujer que actualmente enfrenta un juicio por el delito de sustracción en forma continuada.
Chacón, quien ofreció su declaración ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia, dijo que ella fue involucrada en el fraude a través de su cuñado Otto Flores.
La acusada explicó que se presentó al Registro de la Propiedad para firmar un contrato laboral frente a Giovanni García, quien le dijo que la llamarían cuando fueran necesarios sus servicios, pero eso nunca ocurrió.
Chacón detalló que cada mes debía presentar una factura y un informe, con atribuciones que nunca ejerció, ante el Registro y que por ello recibía un sueldo de 7 mil quetzales. Sin embargo, solo 1 mil quetzales eran para ella y el resto debía entregárselo, en efectivo, a Flores.
La también empleada del Ministerio Educación afirmó que la práctica mensual era replicada, según constató, por Selvin Aquino Flores, Jennifer Flores Villeda y Patricia Chacón.
Al ser cuestionada respecto a por qué no denunció el ilícito, la declarante dijo que supuso que se trataba de una mala acción, pero que no supo qué hacer.
"En este caso hay gente que no ha puesto ni un pie en prisión", asegura Chacón @soy_502 pic.twitter.com/keiKVDrpWY
La acusada resaltó que no había declarado antes debido a que sus abogados Henry Leonardo y Alexis Chavarría le ordenaron que guardara silencio. Recordó que la primera vez que habló, pese a que no ofreció mayor detalle, se le advirtió que había ganado "un enemigo peligroso".
La sindicada no descartó que ese enemigo fuera su suegra, la madre de Flores, quien ya le había manifestado su descontento. De igual forma, el resto de su familia, que también enfrenta proceso penal, le quitó el habla, según dijo.
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Chacón era una de las 16 plazas fantasma que, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, se autorizaron durante la gestión de Anabella de León con el propósito de sustraer fondos públicos.
De esa cuenta y por fraudes en las adquisiciones del Registro, un grupo de 25 personas, en el que figuran Samuel y José Manuel Morales, enfrenta un debate oral para conocer si recibirá una condena por los hechos referidos.
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