El hombre que el nuevo presidente de Estados Unidos ha designado para encabezar a la cancillería de ese país, el texano Rex Wayne Tillerson, declaró para el Senado que está dispuesto a mantener el apoyo político y financiero a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
La declaración de Tillerson, publicada en la página Latin America Goes Global, cayó como balde de agua fría en algunos círculos conservadores de la sociedad guatemalteca que quisieran bajarle el voltaje al comisionado Iván Velásquez y al embajador Todd Robinson.
Estos mismos grupos esperaban que la victoria de Donald Trump trajera un cambio de tónica en la política de Estados Unidos hacia Guatemala.
Sin embargo, las audiencias de confirmación de Tillerson demostraron, por lo menos preliminarmente, lo que varios analistas han advertido hace meses: que la exigencia de combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala y Centroamérica se origina en un acuerdo bipartidista que se extiende de la Casa Blanca al Capitolio, no en la visión de un presidente o un embajador. En otras palabras, se trata de un acuerdo de Estado, no de un programa del Gobierno demócrata de Obama.
Ahora bien, resulta obvio que la CICIG no puede ser eterna. Si los guatemaltecos queremos que nos la quiten de encima, debemos dar muestras tangibles y creíbles de que cumplió su función y ya no es necesaria.
Como la CICIG fue creada para desarticular las mafias incrustadas en el Estado de Guatemala, aquí comparto algunos indicadores que podrían significar que podemos eliminar a estos grupos criminales sin ayuda de nadie.
El mandato de la CICIG establece, entre sus objetivos fundamentales, investigar, identificar y desarticular a las mafias que operan en el Estado.
El proceso La Línea, el de Cooptación del Estado, el de IGSS-Pisa, así como las denuncias iniciadas contra numerosos legisladores y magistrados, van en ese camino. No obstante, la captura y el enjuiciamiento de algunos acusados resulta insuficiente. Las autoridades deben concluir estos juicios y lograr sentencias en firme.
La tarea está iniciada, pero no basta llevarla hasta el final. Además, hay que sacar a luz muchas otras estructuras que siguen libres e impunes. Dado el grado de poder que esta gente ha demostrado, el apoyo de la CICIG parecería indispensable para terminar esta labor.
El trabajo de la CICIG no tendría sentido si las instituciones guatemaltecas no se vuelven autónomas para identificar, investigar, procesar y erradicar a las mafias.
Ese proceso ha iniciado, pero está incipiente. Las autoridades locales —llámese Policía, MP, Inacif o Contraloría General de Cuentas— deben demostrar que pueden emprender casos sin la muleta de CICIG y hacerlo exitosamente. Algunas instituciones han logrado avances, pero iniciales; no veo a nadie celebrando sus éxitos contundentes.
La comunidad internacional acordó realizar en Guatemala un experimento único como la CICIG a mediados de los años 2000, porque existía una frustración patente por la conflictividad irresuelta en el país, pese a la firma de la paz en 1996.
Al cabo de una década de trabajo, la CICIG ha evidenciado en tribunales que tenemos instituciones cooptadas y corruptas. Caso tras caso, ha demostrado el grado de penetración de las mafias en todos los estamentos de la sociedad. Y una de las consecuencias de esta situación es que la comisión se ha convertido en una de las pocas contrapartes confiables en el Estado, sino en la única.
En los últimos meses, la fiscal general Thelma Aldana también ha dado muestras de independencia y de voluntad de cambio y por eso ha empezado a ganarse un espacio también. Lamentablemente, en otras instancias críticas para erradicar la corrupción y la impunidad no se ve esa convicción ni esa diligencia. Ni la Policía ni el Congreso ni la Contraloría de Cuentas ni las Cortes ni el Sistema Penitenciario, por nombrar solo a algunas, dan visos tan siquiera de iniciar una reforma.
Mientras no haya personas concretas, con equipos de trabajo capaces, honestos y estables, que se ganen esa confianza dentro de las instituciones de gobierno, será difícil retirar a la CICIG.
No está de más señalar que cuando comenzaron los escándalos de 2015, varias de mis fuentes diplomáticas insistieron que su objetivo estratégico no se centraba en la permanencia o caída del gobierno del PP, sino en la prolongación del mandato de la CICIG. ¿Por qué? Porque era su único interlocutor confiable.
Si las élites del país quieren demostrar que pueden conducirlo sin la CICIG, deben lograr eso: establecerse como contrapartes confiables, capaces de ofrecer resultados tangibles, no solo buenas intenciones.
Ante el Senado, Tillerson enumeró así los propósitos que tendría el apoyo a la CICIG: "combatir el crimen y la impunidad, promover la seguridad pública y garantizar el acceso de los ciudadanos a un sistema justo de justicia (fair) y funcional".
Es importante tomar nota de ese último objetivo, el que concierne al acceso de los ciudadanos a la justicia, porque se deriva del mandato explícito de la CICIG, que habla de promover la adopción de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de las mafias y prevengan su reaparición. El mandato incluye el apoyo a "reformas jurídicas e institucionales" en ese sentido.
Todos sabemos que la cooptación del congreso, o de las cortes, tiene raíces que llegan a la Constitución. Mientras no estemos dispuestos a cambiar las reglas del juego para "limpiar nuestro pantano" —tomando prestada una métafora "trumpiana"— no daremos garantías de una reforma sostenible que haga viable prescindir de la Comisión.
Los eventos de 2015 y los avances presentados por CICIG desde entonces, lejos de convencer a Washington de que ya se hizo suficiente, demuestran que hay que seguir hasta el final para evitar retrocesos y el fortalecimiento y reposicionamiento de las mafias.
Si Guatemala quiere ofrecer señales inequívocas de que ha logrado avances sustantivos, debe presentar resultados que incidan directamente en los temas que son considerados riesgos de seguridad nacional en el Norte: el tráfico de drogas y armas, la porosidad de las fronteras (atractiva para los terroristas) y la cantidad de migrantes que expulsamos del país, a causa de la pobreza y la violencia.
Si Guatemala lograra reducir esos indicadores, que son los que redundan en dolores de cabeza en los gobiernos federales y en Washington, la CICIG ya no tendría razón de ser.
Para lograrlo, desde luego, hay mucho más que hacer que llevar casos emblemáticos a los tribunales, no digamos contratar a un "lobbyísta" para que recite letanías en el Norte.
