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Juezas señaladas ya tienen pesquisidores para antejuicio

  • Por Evelyn De León
14 de mayo de 2015, 17:15
Carol Flores y Martha Sierra de Stalling enfrentan proceso de antejuicio, la primera por supuesto enriquecimiento ilícito y la segunda por cohecho. (Fotos: Soy502) 

Carol Flores y Martha Sierra de Stalling enfrentan proceso de antejuicio, la primera por supuesto enriquecimiento ilícito y la segunda por cohecho. (Fotos: Soy502) 

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó dar trámite a cuatro  antejuicios, tres contra jueces de Primera Instancia Penal y uno contra la ministra de Ambiente a quienes se pretende investigar por haber emitido resoluciones en apariencia violatarios a la ley. 

El presidente de la CSJ, Josué Baquiax, detalló que los jueces antejuiciados son: Marta Sierra de Stalling, Carol Flores y Mynor Barrera

Para tramitar el antejuicio contra Marta Sierra de Stalling, se nombró al juez Roaldo Chávez, vocal I de la Sala Segunda de Apelaciones, las pesquisas iniciarán por el supuesto cohecho y prevaricato. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) tienen indicios que la juzgadora benefició con medidas sustitutivas a los cabecillas de la banda La Línea a cambio de recibir soborno. 

Para el caso de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Flores, se nombró al juez Jaime González, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones, quien citará a la juzgadora para que informe de la denuncia de CICIG sobre el supuesto enriquecimiento ilicíto.

Esta es la casa que según Cicig pudo haber sido adquirida y ampliada con dinero ilícito.
Esta es la casa que según Cicig pudo haber sido adquirida y ampliada con dinero ilícito.

El tercer antejuicio es contra el juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Barrera, a quien se denunció por un supuesto prevaricato al resolver el beneficio de anular el delito de intermediación financiero a directivos del desaparecido Banco del Café (Bancafé)  y con lo que lograron obtener una medida sustitutiva y salir de prisión.

Los jueces tienen 60 días para resolver, luego el informe deberá regresar a la CSJ que decide en definitiva si le retiran la inmunidad.

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