El presidente y la vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, recibieron un soborno de, al menos, 24.5 millones de dólares a cambio de entregar un usufructo de 25 años para una terminal de contenedores dentro de Puerto Quetzal a la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona.
El Ministerio Público pidió órdenes de captura para 18 personas pero cinco aún siguen prófugas: Guillermo Lozano Bauer, Allan Marroquín Castillo, William Schwank, Ángel Pérez Maura y Mauricio José Garín.
De las 13 personas que ya están capturadas estas son las más importantes:
- Otto Pérez Molina: Presidente de Guatemala entre 2012 y junio de 2015
- Roxana Baldetti Elías: Vicepresidenta de Guatemala entre 2012 y mayo de 2015
- Ángel Pérez Maura: Multimillonario y representante de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona. Sigue prófugo.
- Juan Carlos Monzón: Secretario privado de Roxana Baldetti. Ahora es colaborador de la fiscalía.
- Gustavo Adolfo Martínez: Secretario privado y yerno de Otto Pérez Molina.
Ellos y los otros ocho acusados son sindicados por la fiscalía por: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero.
- Asociación ilícita: Son acusados de integrar un grupo que tenía como objetivo cometer otros delitos. Pueden recibir una pena entre seis y ocho años.
- Enriquecimiento ilícito: Los funcionarios o empleados públicos acusados recibieron beneficios económicos que podían obtener por su trabajo aprovechandóse de su puesto. Pueden recibir una pena de cinco a diez años.
- Cohecho pasivo: Los funcionarios o empleados públicos acusados recibieron objetos o dinero para realizar u omitir actos delictivos relacionados con su puesto de trabajo. Pueden recibir una pena de cuatro a diez años.
- Fraude: Los funcionarios o empleados públicos que se aprovecharon de su cargo para defraudar al Estado. Pueden recibir una pena entre uno y cuatro años.
- Lavado de dinero: Los acusados realizaron transacciones financieras con bienes o dinero sabiendo que eran producto de una actividad delictiva. Pueden recibir una pena entre seis y 20 años.
Los 13 acusados que ya están capturados fueron ligados a proceso por el juez Miguel Ángel Gálvez.
Ahora deberán esperar una audiencia donde el juez decidirá si enfrentarán un juicio.
Después de eso empezará el proceso donde se decidirá su condena. Este puede tardar años.
