La semana pasada, tres periodistas fueron asesinados en el departamento de Suchitepéquez.
Dos reporteros, Danilo López de Prensa Libre y Federico Salazar de Radio Nuevo Mundo, fueron abatidos a tiros en el parque de Mazatenango. Un sicario en moto ejecutó de forma cobarde y alevosa, por la espalda, el atentado dirigido contra los dos periodistas.
Días después, un camarógrafo de una empresa de cable, Giovanni Villatoro, también fue asesinado en Chicacao. El móvil de este crimen todavía se encuentra bajo investigación. Es posible que se trate de delincuencia común pero también que haya sido otro mensaje sangriento dirigido a la prensa local.
Este desborde de violencia contra la prensa de la región suroccidental del país despierta mucha suspicacia acerca de las corporaciones municipales.
Según lo dio a conocer Prensa Libre, Danilo López había sido fuertemente amenazado por el alcalde de San Jorge Suchitepéquez, Jorge Linares, tras la publicación de un reportaje donde López mostró que la municipalidad había pagado Q2.8 millones por obras inexistentes.
Otros reportes de prensa señalan que ese no fue el único caso de corrupción que develó López. El periodista denunció en reiteradas oportunidades malos manejos de las administraciones ediles de varios municipios de Suchitepéquez.
Con igual constancia, López había reportado a diferentes instancias que se sentía amenazado y que algunos alcaldes y ex alcaldes de la región lo insultaban en público y lo intimidaban de manera feroz. El corresponsal también informó del poder temible de algunos “capos” del lugar: personajes poderosos ligados al poder político y con cada vez más ganas de coparlo completamente.
Resulta increíble que durante meses todas estas denuncias hayan sido ignoradas.
Al revisar en internet, se encuentran varias notas donde este periodista no solo denuncia la persecución de la que era objeto, sino que confiesa el temor constante bajo el cual vivía.
Prensa Libre publicó ayer el audio de una entrevista, de la nos hicimos eco en Soy502, donde López explica la gravedad de su situación, pues además del acoso verbal y psicológico al que estaba sometido, también lo habían procesado legalmente, en un intento de criminalizarlo por su trabajo.
Duele, y frustra, que durante todos estos meses nadie haya podido hacer algo para ayudarle, para evitar que se sintiera tan solo y desprotegido.
Las autoridades deben identificar a los autores intelectuales de estos asesinatos y llevarlos ante la justicia. También deben poner en marcha mecanismos institucionales para brindar protección real a los periodistas, especialmente a aquellos que se encuentran en el interior del país, a merced de funcionarios corruptos y mafiosos sin ningún tipo de vergüenza.
El ministro Mauricio López Bonilla dijo en una entrevista sostenida con la cadena CNN que el gobierno había impulsado el trabajo de una comisión encargada de la defensa de los reporteros. Lo dicho por el ministro es una fantasía: en vez de enarbolar lo que no se ha hecho a cabalidad, mejor haría en ponerse a trabajar para que la protección a los reporteros sea real.
Pero no solo el gobierno tiene tareas pendientes. Tal y como lo han expresado varios colegas, hace falta que la prensa en pleno indague a fondo sobre la corrupción que hay en Suchitepéquez.
Los medios de la capital debemos continuar el trabajo iniciado por los reporteros caídos y exponer los sucios negocios que seguramente existen en torno a diputados y alcaldes de esa región.
Que estos señores se enteren de una vez que matando periodistas no lograrán esconder sus cochinadas, sino precisamente lo contrario. Ahora, sus obras inexistentes o sobrevaloradas, sus plazas fantasmas, serán asunto de la prensa a nivel nacional.
Ya tocará luego que el Ministerio Público les pase la auténtica factura. Y que los votantes los rechacen en las urnas para que los ladrones no sigan entronizados, saqueando los recursos de los contribuyentes.
