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Pese a orden de juez, niños de Camotán no gozan garantías fundamentales

  • Por Soy502
31 de marzo de 2016, 13:10

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) anunció que trasladará un informe al Ministerio Público para que investigue cómo 10 instituciones gubernamentales han incumplido con su obligación de garantizar el acceso a salud, educación y alimentación, entre otros derechos, de cinco niños y sus familias en Camotán, Chiquimula.

El caminar por las comunidades nos permite ver la cara de la desnutrición colectiva
Magdalena Almengor
, autora del informe.

Si bien, la institución que más registros tiene en el libro de control de visitas que tienen las familias es el Ministerio de Desarrollo, la bolsa de alimentos que entrega a los afectados no es suficiente para alimentar a los menores que fueron amparados con una orden de juez en 2013.

Libro de control de visitas de las instituciones del Estado. (Foto PDH)
Libro de control de visitas de las instituciones del Estado. (Foto PDH)

Sarcoptiosis, desnutrición moderada y bajo peso son las condiciones de salud que caracterizan a Leonel Amador, Mayra Amador, Bryan Espino, Dina Interiano y Mavélita Interiano, a pesar que su bienestar debía ser garantizado por el Ministerio de Salud, detalla el informe que compartió la Magistratura de Consciencia.

La PDH, por su parte, resaltó que el informe demuestra que se las autoridades han incumplido con más del 90 por ciento de la orden judicial que lo único que hace es respaldar que se proporcione a cuatro familias de Camotán lo que ya está estipulado en la Constitución.

Además de trasladar el caso al Ministerio Público para determinar responsabilidades, la PDH hizo un llamado al Estado a implementar acciones que garanticen el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, así como el desarrollo humano integral de los afectados.

Durante la visita a las familias se evidenciaron daños en las viviendas. (Foto PDH)
Durante la visita a las familias se evidenciaron daños en las viviendas. (Foto PDH)

En noviembre 2011, luego que se hicieran públicas las condiciones precarias que enfrentaban, cuatro familias demandaron al Estado de Guatemala por incumplir con las garantías básicas que debe proporcionar a la niñez. 

En respuesta a las demandas, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Zacapa emitió en 2013 cuatro sentencias a favor de las familias que obligaban a 10 instituciones a ejecutar 26 medidas específicas para restaurar los derechos humanos violados. Para garantizar el cumplimiento, se proporcionó un libro a los afectados para que las instituciones firmaran tras visitarlos.

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