Como un “detrimento al patrimonio del Estado”, calificó la Procuraduría General de la Nación (PGN), el aporte de 270 mil millones de quetzales que el Gobierno entregó para la implementación del sistema prepago en el Transurbano.
El análisis responde a una solicitud de la Fiscalía Contra la Corrupción que buscaba establecer si existía algún tipo de ilegalidad en la entrega de ese aporte a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) que tiene a su cargo la administración del Transurbano.
El principal argumento de la PGN, reposa en que no existe una normativa que faculte al Estado a efectuar una transferencia de inversión hacia una entidad privada, cuyos “fines son eminentemente lucrativos”.
El aporte fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2009; sin embargo, las autoridades fiscalizadoras también destacan que este órgano no tiene la facultad para transferir fondos.
PGN rindió informe a MP sobre ilegalidades en aporte de US$35 millones a Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos pic.twitter.com/YWLEAIJkEY
Asimismo, el documento firmado por los abogados Janeth Barahona, Elda Estrada y Edwin de Paz, afirma que el Estado no puede sufragar gastos que competen al Transurbano, tales como sueldos, alquiler del inmueble donde funciona, equipo, entre otros rubros de la AEAU.
- PUEDE INTERESARTE: Transurbano amplía recorrido para cubrir zonas 9 y 10
La titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, señaló que en esta caso más que declarar lesivo o nulo el contrato, se debe hacer una investigación por parte del MP ya que los fondos ya fueron trasladados.
