Las anomalías en 180 plazas del renglón 029 contratadas por la Junta Directiva del Congreso en 2015 y el exdirector general del Organismo Legislativo, Luis Mijangos, generaron un gasto de 21.2 millones de quetzales.
Los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) determinaron que los contratos fueron firmados desde enero de 2015, sin contar con el aval de la Junta Directiva del Congreso.
Los diputados intentaron enmendar el error al autorizarlas en la sesión del 17 de noviembre de 2015. Sin embargo, ya era tarde. Tras detectar las anomalías, la CGC presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP).
El hallazgo de la Contraloría alcanza a los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Manuel García Chutá y Carlos López Girón. Además de los exparlamentarios Julio López Villatoro, Selvín García, Edgar Cristiani y Carlos Herrera.
Mijangos, Cristiani y Herrera se encuentran ligados a un proceso penal por la supuesta creación de plazas fantasma en este organismo. Sin embargo, no están en prisión, porque el juez Walter Villatoro les concedió una fianza de 100 mil quetzales para que permanezcan bajo arresto domiciliario.
Los cinco legisladores enfrentan un proceso de antejuicio por las plazas fantasma, mientras que López Villatoro y García renunciaron argumentando que no quieren entorpecer las investigaciones.
Según el Subcontralor de Calidad de Gasto Público, César Elías, la información que trasladó la institución puede servir para las investigaciones del MP en el proceso abierto.
