El Estado perdió los 32.7 millones de dólares que la empresa holandesa APM Terminals depositó en el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en concepto de resarcimiento, tal y como se había acordado en el memorándum de entendimiento que firmó con la Procuraduría General de la Nación (PGN) en septiembre de 2016.
Unos meses después de que el acuerdo cumpliera sus 40 días y perdiera vigencia, sumado a la inoperancia del Estado para resolver el conflicto sobre la nueva concesión, la empresa propietaria de la ahora terminal portuaria APM Terminals Quetzal, originariamente conocida como TCQ, retiró los fondos.
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Después de ese hecho, el Ministerio Público decidió retirar la intervención y la terminal continuó sus operaciones con normalidad y con los millones de dólares en su poder.
Luis Velásquez, presidente del CHN, confirmó que la devolución se hizo en mayo de este año, después de que la empresa perdiera la esperanza de que el Congreso le diera una solución.
“Cuando depositaron se abrió una cuenta de confianza con un plazo de tiempo, después del plazo la empresa pidió una prórroga, pero luego decidió retirar el dinero porque no se cumplieron las condiciones”, explicó.
- UN REPASO DE LOS HECHOS:
No obstante, APM Terminals sí realizó un pago, pero por una cantidad menor. En total dio 245 mil dólares correspondientes al 0.75% del monto depositado, en concepto de comisión por gastos de administración.
“Yo no doy por perdido el dinero, se perdió temporalmente, suponemos que están hablando de llegar un nuevo acuerdo”, añadió Velásquez.
Mientras tanto, APM Terminals está a unos meses de cumplir su primer aniversario desde que recibió el primer buque y recientemente reinauguró sus operaciones comerciales para desligarse de su "historia turbulenta", como definió Henrik Pedersen, representante comercial de la compañía.
Según el viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller, la terminal opera con normalidad de manera independiente y a la espera de la resolución judicial sobre la nulidad del contrato de usufructo oneroso anterior.
Entonces, ¿quién fue el responsable de que Guatemala perdiera ese dinero?
El uso del dinero
¿Qué podía haber hecho el país con los 32.7 millones de dólares (más de 242 millones de quetzales)?
Durante los últimos meses de 2016, se comentaron algunas propuestas como la que planteó el ministro de Comunicaciones, Aldo García, quien pedía invertirlo en la Empresa Portuaria Quetzal. Sin embargo, los fondos no tenían un destino predeterminado.
No obstante, para hacer la comparación, el monto retirado equivale al dinero presupuestado en 2017 para el Censo de Población (249 millones de quetzales).
También se asemeja a otros rubros del presupuesto de este año como el del funcionamiento de la Dirección de Caminos (Q254 millones), el presupuesto del programa Probosques (Q244 millones), el gasto de funcionamiento de Aeronáutica Civil (Q233 millones), el presupuesto de la Presidencia (Q207 millones) o el gasto de inversión en el Ministerio de Salud (Q202 millones).
Señalan al Congreso
Para encontrar a los responsables hay que remontarse unos meses atrás. Después de que se destapara la trama de corrupción manejada por el expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, el Estado intervino la terminal portuaria nombrando a Alexander Aizenstatd al frente de la operación mientras mantuvo reuniones con la empresa holandesa para encontrar un consenso.
En ese punto, en septiembre se firmó un memorándum de entendimiento entre las partes en las que se proponía la concesión directa de 21 años, que el contrato incluyera una cláusula de ética y anticorrupción, la maquinaria pasara a propiedad del Estado después de ese período, y APM pagara una reparación civil de 43.2 millones de dólares, entre otros puntos.
Pero ese dinero no podía estar disponible hasta que no se firmara el decreto.
Por ello, el Secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez, presentó la iniciativa a la Dirección Legislativa del Congreso el 3 de noviembre de 2016 con el fin de que el hemiciclo apoyara la labor del Ejecutivo.
No obstante, la iniciativa encontró oposición entre las bancadas que pedían una licitación internacional y señalaban al Gobierno de estar favoreciendo a la portuaria holandesa.
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Al final, nunca se llegó a conocer en el pleno. Hasta el punto en que se cumplieron los 40 días de vigencia del acuerdo, en diciembre del pasado año, y la iniciativa no caminó.
Una de las parlamentarias que se opuso a ese proceso fue Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala. “Se hizo un pacto que a mi modo de ver solo eran pérdidas para el país”, expresó.
Asimismo lamentó la decisión de Jimmy Morales de buscar otra modalidad para la terminal y que la titular de la PGN “no alzara la voz”.
Desde esa posición, al cuestionarla por los responsables del retiro del dinero, Montenegro responsabilizó directamente al Ejecutivo, en concreto a la PGN, por no estar atenta, al CHN por entregar el dinero y a la Contraloría General de Cuentas y a la Superintendencia de Bancos.
“Qué grave, vamos a investigar nosotros también”, se comprometió.
Sin embargo, desde la sociedad civil, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, señaló directamente a los diputados como los responsables directos de que Guatemala no tenga la suma millonaria y comparó el proceso con el de la constructora brasileña Odebrecht.
“No caminó porque en este caso no había de dónde sacar”, comentó.
Asimismo señaló que sin el dinero ahora la situación es muy vulnerable. “No se obtuvo el dinero, la operación es deficitaria y no se ve que haya un mejor escenario a futuro”, añadió.
El silencio de PGN
Soy502 consultó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) del Estado sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta.
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De parte del Departamento de Comunicación Social de la institución señalaron que no habrá pronunciamiento hasta que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo emita una resolución sobre el proceso.
A la fecha, las partes confirmaron que la sala ya les notificó de que ya solo les queda conocer el fallo.
La respuesta de APM
El responsable de la operación de la terminal de contenedores, Gabriel Corrales, confirmó que los fondos se retiraron porque el memorándum quedó sin efecto.
Sin embargo, señaló que la empresa trasladó el ofrecimiento a la Municipalidad de Puerto San José para continuar con la entrega de 10 millones de dólares para proyectos sociales durante 20 años.
En los primeros meses del próximo año, APM deberá entregar los primeros 500 mil dólares.
De manera extaoficial, las primeras conversaciones apuntan a que se invertirá en una estación de bomberos, pero aún está pendiente de confirmación.
Por el momento, este será el único resarcimiento que pagará la empresa y del que se beneficiará Guatemala.
