La Terminal Portuaria Quetzal (TCQ) está concluida y lista para comenzar a operar. Sin embargo, las acciones se bloquearon cuando se destapó toda la trama de corrupción que rodeó la firma del contrato y que implicó incluso a las altas esferas de la administración pasada, incluyendo a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Desde que Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, nombró a Alexander Aizenstatd como interventor de la empresa, ha estado trabajando y revisando cientos de documentos, así como removiendo cargos como el del Director de seguridad. También solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la autorización de trámites aduaneros, una de las tres autorizaciones que necesita para operar.
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Un mes y medio después, Aizenstatd encaminó la nueva ruta para que los activos invertidos no se queden sin uso. "Estoy trabajando para preservar los bienes bajo mi responsabilidad porque la falta de inicio de operaciones y deudas de la empresa podrían perjudicar a los intereses del Estado", explicó.
Interventor sugiere la anulación de los contratos y sustituir por uno de concesión por 21 años @soy_502 pic.twitter.com/OaNUurYOVK
La idea principal es la rescisión voluntaria de los contratos originales de construcción y usufructo de la terminal y la reparación civil por parte de APM Terminals por el monto de la inversión, un total de 42.5 millones dólares.
“TCQ es un activo transcendental para la economía del país y el sustento de alrededor de 70 empleados guatemaltecos”, añadió.
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De acuerdo a este momento, se contemplan varios posibles escenarios para el futuro de la terminal:
1. El escenario más previsible por el contacto que se ha tenido con la empresa es que se acepten las condiciones y que el Congreso apruebe el nuevo contrato. En ese momento la terminal comenzará a operar con la necesidad económica de 18 millones de dólares para este año. En la actualidad, la terminal tiene más deudas que activos. Por ello, según los cálculos, el proyecto comenzará a ser rentable a partir del noveno año de ejercicio.
Recuerda lo que dijo Otto Pérez sobre lo que le interesaba el futuro de TCQ...
2. Si la empresa holandesa no acepta las condiciones. Aizenstatd explicó que las condicionas son las mínimas y no están sujetas a negociación. En ese caso, señaló que seguirán con las acciones legales con el fin de minimizar los daños a los intereses del Estado.
3. Al ser cuestionado sobre una posible licitación internacional, el interventor la descartó justificando que la preparación se tardará más de un año y la insolvencia del puerto no se puede extender. A este período se tardarían al menos tres años en que se rescindiera el contrato por la vía judicial.
