Más de 30 niñas se quemaron vivas en una institución estatal irónicamente llamada “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”.
Las menores murieron entre las llamas: una muerte que hace varios siglos se utilizó como el más severo de los castigos, reservada para las acusadas de herejía y adulterio; una muerte que sabemos atroz y que imaginamos como el mismo infierno.
Además:
Las víctimas de ese Hogar no merecían morir de esa manera. Tampoco merecían sufrir los abusos que se cometían en esa institución y que fueron denunciados en reiteradas oportunidades por ellas mismas, por padres de familia, por periodistas.
Llevamos dos días lamentándonos por la tragedia, pero nadie hizo lo suficiente en los cinco años anteriores, desde que se presentó la primera queja formal contra el personal de la entidad.
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Ahora no nos alcanzan los dedos de las manos para señalar a los responsables: al Presidente de la República, que es en última instancia el responsable político y administrativo de la Secretaría de Bienestar Social y que ha elegido guardar un ominoso silencio; a la Primera Dama que, aunque no lo haya pedido ni lo quiera, es la encargada protocolaria; el Secretario, que sin atisbo de vergüenza asegura “tener la conciencia tranquila”; al Director del Hogar, bajo cuyas narices ocurrió todo; a los guardias que encerraron a las niñas y no las rescataron del fuego; a los jueces que no otorgaron las medidas de protección solicitadas; al Congreso que ni legisla a favor de la niñez ni le procura los fondos necesarios; a esta sociedad, a nosotros, ciudadanos tibios, que lloramos un día y donamos colchonetas, pero somos incapaces de buscar soluciones políticas y administrativas de fondo para darle un mejor futuro a los niños más vulnerables, que son la mayoría.
Para saber más:
Aplaudo que ahora protestemos –mostrar repudio es necesario-- pero no basta.
Lo importante ahora es asegurarse de que una tragedia como esta no se repita.
La Secretaría de Bienestar Social tiene a su cargo tres hogares de “protección y abrigo” para niños maltratados o abandonados: el de la Virgen de la Asunción en la capital, uno en Quetzaltenango y otro en Zacapa. Adicionalmente, cuenta con dos hogares más, para niños con discapacidad severa. A estas entidades se suman cuatro centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley.
Solo ahí hay casi 10 entidades que deberían ser supervisadas cuidadosamente para garantizar que no se registren ahí los mismos abusos que condujeron al desastre del Hogar Virgen de la Asunción.
Que algo como esto pase una vez, ya es demasiado. No podemos permitir que se condene a nuestros niños a vivir en un auténtico infierno, donde se queman vivos sin que ninguno de nosotros se mueva para sacarlos de la hoguera.
