Ser pariente de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, CC, puede tener ventajas.
Así lo confirma una acusación por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y encubrimiento propio que el Ministerio Público emprendió en contra del Jefe de Servicios Generales de la institución, Julio Roberto Espigares López, yerno del magistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, la cual fue desestimada por los tribunales de justicia, según una investigación realizada por el matutino Nuestro Diario.
El expediente del Ministerio Público número MP001-2012 159935 reúne escuchas telefónicas, intervención de mensajes de texto, testimonios, seguimientos registrados fotográficamente y los documentos mediante los cuales la Fiscalía procesó a Espigares López por encabezar una red de corrupción que se dedicaba a amañar los procesos de licitación de la entidad y cobrar sobornos por la adjudicación de contratos.
Esta es la estructura de corrupción identificada en el expdiente de la Fiscalía:
La investigación del MP sobre la red de corrupción de Espigares inició el 26 de noviembre de 2012, a raíz de la denuncia presentada por una empresa afectada.
El Secretario del MP de ese entonces, Mynor Melgar, solicitó que se iniciaran las pesquisas. El funcionario afirmó haber recibido una denuncia, según la cual existía una red de empleados de la institución que cobraba sobornos por adjudicar contratos de suministros.
La investigación tomó como punto de partida la licitación por la compra de un sistema de geolocalización (GPS) para los 621 vehículos del MP, cuyo monto superaba los 5 millones de quetzales.
La Unidad de Métodos Especiales de la Fiscalía concluyó que Espigares López era el cabecilla de esta estructura de corrupción interna. En el expediente documentaron las conversaciones telefónicas de Espigares con proveedores. Además, siguieron al funcionario y documentaron que se había reunido con un representante de las empresas interesadas, el empresario israelí Yehuda Gredi, en un café de la zona 14, el 6 de diciembre de 2012, para plantearle el amaño del contrato del sistema de GPS.
Según indica uno de los investigadores del MP en el expediente, el yerno de Molina Barreto le habría indicado al empresario israelí el monto a pagar, equivalente a un soborno del 10 por ciento, y la cuenta donde debía depositar el dinero.
El expediente también registra que Espigares llegó a la reunión en un sedán marca Volkswagen, placas P-204BTX, registrado a nombre de Molina Barreto.
Modus operandi
En el expediente se indica que Espigares empezó a trabajar en el MP en el año 2006. Según los investigadores, el modo de operar de la estructura que lideraba el yerno del magistrado era el siguiente:
"Este es un grupo de personas que operan desde las oficinas del Departamento de Servicios del Ministerio Público, y que a través de las solicitudes de compras de productos y/o servicios de cada Fiscalía y Departamento, ellos alteran documentos y requisitos, adelantan o atrasan fechas de recepción de documentos, siempre y cuando sean beneficiados los intermediarios de los ofertantes, quienes son amigos suyos. Así también ajustan el monto asignado a las partidias presupuestarias".
En el expediente se establece que el jefe de esta estructura era Espigares López, cuya función consiste en contactar a los empresarios, alertarlos de las licitaciones, brindarles información privilegiada y cobrar una comisión del 10 por ciento sobre las compras del MP.
Los investigadores hacen constar que Espigares opera con impunidad, gracias a sus contactos familiares. Entre los documentos aportados por la Fiscalía, consta la declaración de un testigo, trabajador del MP, quien indica que Espigares constantemente señala que él tiene "influencias" por ser yerno del magistrado Molina Barreto.
Aquí el acta que confirma esta acusación, rendida ante el MP:
El proceso
El MP solicitó el allanamiento de la oficina de Espigares. La misma ex fiscal, Claudia Paz y Paz, participó en el operativo el 22 de diciembre de 2012 donde se secuestraron computadoras, documentos y discos.
Espigares fue separado del cargo y procesado. Los tribunales emitieron orden de captura en su contra, por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
Sin embargo, sus abogados defensores, Lea de León (ya fallecida) y Jonathan Villatoro (ahora abogado del ex presidente Otto Pérez Molina), lograron medida sustitutiva para el defendido, quien quedó obligado a presentarse cada 15 días a firmar.
Entre las diligencias realizadas durante el proceso, se interrogó al señor José Guillermo Solares, quien trabajaba para una empresa licitante del MP. Solares testificó que Espigares le aseguró que él podía hacer que le entregaran un contrato, a cambio de una comisión del 10 por ciento del monto licitado.
Según consta en el expediente, el caso fue sobreseído cuatro meses después de iniciado, el 21 de abril de 2013, en un lapso inusualmente corto para los estándares de los tribunales guatemaltecos, donde los procesos pueden llevar años. Fuentes del MP sospechan que este fallo se debió a presiones del magistrado Molina Barreto en tribunales.
Al ser consultado sobre este caso, el magistrado Molina Barreto indicó que él solo podía rendir explicaciones sobre sus propias actuaciones, no las de otro funcionario. “Con todo respeto le digo que yo puedo dar declaraciones como funcionario público de mis actos, no puedo dar declaración de actos que no son propios sino son de una tercera persona", sentenció el magistrado. "Lo único que yo recuerdo es que hubo un proceso, no por la denuncia como usted la señala y que fue la propia fiscal general de la República, quien pidió la desestimación, obviamente porque no había ninguna materia que sustentara la denuncia", finalizó.
Después de salir del MP, a donde no volvió luego de la acusación que enfrentó, Espigares fue contratado como asesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
