Las compañías telefónicas tienen opiniones encontradas ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que deroga la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura de Transmisión de Datos; sin embargo, las tres empresas coinciden en el cuestionamiento de qué pasará con la regulación que limitaba la realización de llamadas desde las cárceles.
Raúl Alas, jefe de comunicación de Telefónica Móviles de Guatemala, indicó que la compañía se congratula con la decisión, ya que ellos impugnaron la Ley tras su entrada en vigencia debido a que no fue aprobada en el Congreso con la mayoría calificada que requería.
Añade que otro de los argumentos por el que se oponían a la normativa es que violaba el artículo 39 de la Constitución que corresponde a la propiedad privada; pero destaca que Telefónica está a favor de continuar con el bloqueo de señal en los centros de detención.
Claro, por su parte, coincide en que la Ley no fue aprobada con las dos terceras partes del pleno del Congreso, como lo estipula el artículo 134 de la Constitución y señala falencias en la misma, pero considera que sí debería haber contribución de las compañías en la limitación de llamadas desde los penales.
En el caso de Tigo, dice estar en desacuerdo con la CC porque la Ley tenía “disposiciones positivas”, pero acata el ordenamiento.
Las empresas de telefonía invirtieron unos 25 millones en la instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas de bloqueo de señal en los centros carcelarios, pero tras la derogación de la Ley, esta medida quedará a disposición del Sistema Penitenciario y autoridades de Gobernación, por lo que las tres coinciden en que buscarán un diálogo con el Ministerio de Gobernación para “no perder el esfuerzo”.

Con voto unánime, la CC declaró inconstitucional la ley que obligaba a las empresas de telefonía bloquear la señal en los centros carcelarios y que les daba potestad para el uso de bienes públicos, comunales y privados para la instalación de equipos.
Desde 2014, la CC recibió un total de 15 impugnaciones de diversos sectores, entre los que figuran Telefónica, la Cámara de la Industria, Municipalidades y el Consejo de Ancianos y del Pueblo Maya Kaqchikel de Iztapa.






