Cuando llegué, los demás vecinos ya estaban reunidos en el lobby del edificio. Encontré un asiento vacío en la última fila y me senté.
En días recientes se había difundido un rumor como un reguero de pólvora: el presidente de la comunidad de vecinos había entablado pláticas con una empresa de telecomunicaciones para que instalara una antena en la azotea a cambio de un pago mensual de tres mil quetzales.
La propuesta había sido ideada como una manera de recaudar fondos para pagar la reparación de los elevadores sin aumentar la cuota mensual de mantenimiento del edificio. Pero muchos de los vecinos estaban inconformes con la idea de tener una enorme antena en la azotea debido a los daños para la salud que podía ocasionarles la radiación.
Yo vivía en el noveno nivel, el más próximo a la azotea, y estaba en el bando de los inconformes.
Uno de los vecinos citó informes de la Organización Mundial de la Salud con estadísticas que demostraban contundentemente el riesgo que supone vivir junto a una antena de telefonía celular.
La mayoría consideraba que por tres mil quetzales no valía la pena poner en riesgo la salud de sus familias. Finalmente, el presidente de la asociación hizo un conteo de votos a mano alzada. La mayoría votó en contra de la antena. Con ello quedó descartada la propuesta pero quedaba sin resolver el problema de cómo financiar la reparación de los elevadores, tema que quedaría pendiente para otra reunión.
La escena me remitió a otra escena similar que había presenciado un par de años antes en un municipio de San Marcos.
La comunidad había rechazado un proyecto minero por razones muy similares a las que llevaron a los vecinos del edificio a oponerse a la instalación de la antena: el temor de que la empresa pudiera contaminar los ríos con cianuro, como había sucedido en otras comunidades cercanas. El argumento a favor de la minería: unas exiguas regalías que jamás beneficiarían a la comunidad.
De igual manera, se habían reunido en el salón comunitario y habían realizado un conteo de votos a mano alzada en el cual había ganado el “no”. Hasta los niños habían votado. El resultado quedó plasmado en un acta municipal.
Pero muchos de los vecinos del edificio –el militar retirado, el dueño del restaurante, la abogada, el restaurador de arte- no hubieran dudado en tacharlos de ignorantes, retrógradas que se oponen al progreso económico, y bochincheros que tapan carreteras con sus marchas e impiden el sagrado derecho a la libre locomoción.
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