La Fiscal General confirma los diez arraigos contra exdiputados

Un juez de Primera Instancia Penal emitió la orden de arraigo en contra de diez exdiputados que perdieron la inmunidad este 14 de enero, informó la fiscal general Thelma Aldana

El Ministerio Público (MP) solicitó los arraigos para garantizar la presencia de los excongresistas en el país, durante el desarrollo de la investigación por diversos delitos como tráfico de influencias, cohecho activo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad entre otros. 

De los diez señalados, solo Manuel de Jesús Barquín, hermano de Édgar Barquín, excandidato vicepresidencial del partido Lider, asistió a la última sesión plenaria. 

Barquín junto a Jaime Martínez, ya se pusieron a disposición del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, donde se encuentra el expediente de la investigación conocida como Lavado y Política y donde se les sindica de haber recibido dinero para el financiamiento del partido GANA, del cabecilla de la estructura de lavado de dinero, llamado Francisco Morales alias Chico Dólar. 

En los próximos días el MP podría pedir que los 10 exdiputados sean citados a declarar en diversos juzgados o se podría solicitar una orden de captura. 

Daniela Beltranena fue la primer ex diputada en quedar arraiga.
Daniela Beltranena fue la primer ex diputada en quedar arraiga.

Los casos

Gudy Rivera: El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó retirar la inmunidad para investigarlo por el posible delito de tráfico de influencias y cohecho activo, al haber ejercido aparentes presiones a la magistrada Claudia Escobar durante el proceso de elección de magistrados de Cortes de Apelaciones.

Daniela Beltranena. Según la denuncia, Beltranena ubicó con ayuda de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a diversas personas en posiciones estratégicas dentro del Gobierno y fue contratada por servicios profesionales cuando ella no ostenta ninguna calidad de profesional. 

Mario Rivera Cabrera. El MP y la CICIG, presentaron en la CSJ la solicitud de antejuicio, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, puesto que sus ingresos no coincidían con los bienes que posee.

Mario Yanes. Se le señala de pedir plazas bajo el reglón 029 al Ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez Lara; el parlamentario pretendía entregarle una lista con los nombres de las personas, quienes en realidad no ocuparían dichas plazas y ellos se “arreglarían” directamente con el diputado. Además el diputado le solicitó que le proporcionara láminas y escritorios, los cuales entregaría a sus seguidores. Estas conversaciones quedaron grabadas en un video que el ministro entregó para la investigación. Por estos hechos el parlamentario pudo haber incurrido en tráfico de influencias y abuso de autoridad. 

Luis Adolfo Chávez y Mirza Arrega. En junio de 2015 fueron denunciados por el ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez Lara, por presiones que recibió de los dos parlamentarios para que otorgara varios contratos al Fondo de Desarrollo Social (FODES), que según ellos les permitiría recibir varios millones para sus actividades de 2014, de acuerdo a las conversaciones que fueron grabadas por el ministro y que aportó para la investigación. Aunque los contratos no fueron  adjudicados, los dos diputados pudieron haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Emilenne Mazariegos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar trámite al antejuicio contra la diputada oficialista, a quien se busca investigar por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.

Jaime Martínez y Manuel Barquín. Involucrados en el caso Lavado y Política por recibir fondos y colaborar con el sindicado Francisco Edgar Morales, según CICIG, alias Chico Dólar, contó con la colaboración de los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán, este último dispuso que se utilizaran sus oficinas y colaboradores del Congreso para asesorar, apoyar y trasladar documentación a Morales Guerra.

Baudilio Hichos. Investigado por su vinculación en dos contratos que se adjudicaron de manera irregular para el arrendamiento y readecuación de las instalaciones del Seguro Social de Chiquimula.

14 de enero de 2016, 17:01

cerrar