Tras el juicio correspondiente, la extitular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, Jisela Reinoso, conocerá este 4 de octubre la resolución del Tribunal Tercero en su contra, misma que se convertirá en la primera sentencia contra los administradores de justicia que han sido cuestionados en los últimos dos años.
Según la Fiscalía, entre 2012 y 2014, Reinoso incrementó su patrimonio en 1.4 millones de quetzales a través de depósitos a cuentas bancarias de entre 12 mil y 40 mil quetzales, provenientes de posibles sobornos.
- TAMBIÉN:
Fiscalía pide condena de 36 años contra jueza Jisela Reinoso https://t.co/rpAT0upPkG pic.twitter.com/6Dnhk4Fxgz
Cabe destacar que Reinoso fue capturada el 22 de septiembre de 2015 junto a otros dos juzgadores cuestionados; sin embargo, los otros procesos parecen avanzar de manera más lenta.
Una de las administradoras de justicia detenida el mismo día que Reinoso es Martha Sierra, quien habría aprovechado su cargo como titular del Juzgado Octavo para beneficiar con medida sustitutiva a algunos de los implicados en el caso La Línea, a cambio de un beneficio económico.
El proceso contra Sierra se ha atrasado por recursos de la defensa, la agenda del Juzgado Tercero y resoluciones de Salas de Apelaciones, entre las que figura la revocatoria de su arresto domiciliario. Se prevé que el 7 de noviembre se realice la audiencia de etapa intermedia y se defina si enfrentará juicio por el caso conocido como Bufete de la Impunidad.
El tercer detenido junto a Reinoso, fue el exmagistrado presidente de la Sala de Apelaciones de Quiché, Erick Santiago, cuya audiencia de etapa intermedia fue programada para el 5 de octubre.
Santiago es señalado de incurrir en tráfico de influencias y cohecho pasivo por intentar cobrar un soborno de 10 millones de quetzales a cambio de emitir una resolución favorable para una compañía privada.
Otro nombre del Organismo Judicial que resultó señalado durante 2015 es el del juez suplente José Luis Patán, quien espera la audiencia de etapa intermedia por supuestamente incurrir en cohecho pasivo al emitir una resolución favorable para el ex superintendente de la Carlos Muñoz, por dos puestos en la SAT para allegados.
Durante las audiencias contra los implicados en los casos de corrupción que eran encabezados por los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti, dos nombres llamaron la atención de la ciudadanía al ser mencionados como colaboradores. Se trata de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal y Vladimir Aguilar.
En el caso de Charchal, fue ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, luego que el Juzgado B de Mayor Riesgo resolviera que hay indicios de que utilizó su cargo para obtener una resolución favorable para el TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) y para evitar la persecución penal de Juan Carlos Monzón en el caso El Bodegón.
- PUEDE INTERESARTE:
#CasoTCQ Douglas Charchal: de la Corte Suprema de Justicia a la cárcel de Mariscal Zavala https://t.co/PGZEZiQY8L pic.twitter.com/LXMdtnUrwH
Aguilar, quien aún no ha sido citado ante una judicatura es sindicado de favorecer el proceso de la entrega del usufructo a TCQ, cuando ejercía el cargo de Procurador General de la Nación.
