La jueza Silvia de León decidió enviar a juicio a las 22 de las 23 personas sindicadas por dos fraudes contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tras evaluar los argumentos del Ministerio Público, querellantes y de la defensa, expuestos durante seis días.
Así también, pese a la oposición de los abogados defensores, la juzgadora aceptó que los pacientes renales, el Seguro Social y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participen como querellantes en el debate oral.
Se trata de 17 personas implicadas en un contrato anómalo de 116 millones de quetzales, para el servicio de diálisis peritoneal celebrado entre el Seguro Social y Droguerías PiSA y 5 más por un fraude en la construcción de unas clínicas en Chiquimula, por medio de una estructura ligada al exdiputado Baudilio Hichos.
Al resolver en cuanto a los implicados en el caso de Chiquimula, De León decició declarar sobreseído al exdirector de la Clínica del IGSS, Jorge Mario López Pellecer, concluyendo así su proceso judicial.
Doce de los sindicados enfrentarán juicio por fraude, en tanto que, el resto lo hará por delitos variados como asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, cohecho e incumplimiento de deberes.
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Entre los imputados por el caso conocido como IGSS-PiSA, está el expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, y Otto Molina Stalling el hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
Según el Ministerio Público, Molina Stalling era el intermediario entre las autoridades del IGSS y directivos de PISA, por lo que habría cobrado una comisión millonaria para otorgarle el contrato de atención a pacientes renales a la empresa de origen mexicano, pese a que esta no contaba con las instalaciones necesarias.
