No se conocen, pero sus historias son muy similares. Isabel y Sofía (nombres ficticios) sufrían todos los días desde que empezaban la jornada. Trabajaban entre 12 y 18 horas diarias para reunir dinero suficiente para cumplir con un “impuesto” que agrupaciones criminales les imponían. De sol a sol, su lucha era por su sustento, su familia y su vida.
Un día se cansaron de pagar la extorsión, así que acudieron al Ministerio Público (MP) y denunciaron las amenazas de las que eran víctimas. Estas son las historias de dos mujeres que, con profesiones muy distintas, enfrentaron al mismo monstruo.
La panadería de Isabel
Desde hace más de seis décadas, ya tres generaciones, Isabel y su familia manejan una panadería. De la misma forma en que lo hacían sus bisabuelos y abuelos, ella y sus hijos se levantan muy temprano y tienen lista la primera tanda de pan antes de las 5 de la mañana.
Su rutina diaria fue interrumpida el cinco de febrero de 2015, cuando la dependienta del negocio familiar recibió un celular. “Nos llamaron y una voz con un tono poco usual nos dio instrucciones de cómo debíamos actuar o de lo contrario nos iban a lanzar una granada”, contó Isabel al MP, ente que compartió la historia.
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La negociación comenzó con el pago mensual de 800 quetzales por cada uno de los negocios. Después la cuota subió a 1 mil 200 por local. Ante esta situación, Isabel tomó la decisión de denunciar.
“Por amor a mis hijos, a mi familia y a mi país, no me van a arrodillar”, fueron las palabras que quedaron plasmadas en la denuncia que está grabada en uno de los expedientes resueltos de uno de los fiscales.
Investigaciones posteriores determinaron que se trató de un grupo de seis personas, desconocidas para la víctima, pero conocidos entre ellos, algunos incluso eran familiares. No pertenecían a ninguna clica, tampoco poseían antecedentes, pero se unieron para extorsionar a Isabel, a quien, según detalló el MP, conocieron mediante una de las empleadas del negocio.
Finalmente fueron sentenciadas el año pasado.
La ruta de buses
La realidad de varias rutas de buses en la capital y el departamento de Guatemala es que deben cumplirle a tres personas. Deben juntar una cuota de dinero para el propietario de la unidad, una segunda cuota para obtener un salario diario y reunir una tercera para el pago del “impuesto o extorsión” de los pandilleros.
Sofía y la ruta para la que trabajaba cumplían con los tres compromisos. Durante dos años pagaron a la pandilla tres mil quetzales semanales. Fue hasta el tercer año que la situación se volvió insostenible. Dos, tres y hasta cuatro grupos criminales llegaron a exigirles las mismas cantidades. Llegaron al punto en el que demandaron hasta 25 mil quetzales por unidad.
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Si no se cumplía con el pago, asesinaban a un piloto de bus. La mayoría de las veces, los delincuentes cumplían con la amenaza.
Un día, las víctimas decidieron poner un alto. “Aquí no matan a otro piloto y no se le paga ni un centavo más a nadie”, son las palabras que constan en el expediente a cargo de los fiscales contra el delito de extorsión del MP.
Los fiscales y agentes policiales lograron identificar a 56 pandilleros del Barrio 18, algunos cumplían condenas en centros carcelarios, mientras que a otros les aparecían antecedentes penales y visitas a los reclusorios. Todos fueron capturados y señalados.
Condenas y capturas
Las historias fueron compartidas por el Ministerio Público con el objetivo de invitar a las víctimas de extorsión a denunciar, ya que la mayoría de denuncias concluyen en capturas y condenas.
Solo en el 2016, se realizaron 1 mil 643 arrestos y 623 sentencias vinculadas a dicho delito; mientras que en lo que va de este año se acumulan 917 y 623 respectivamente.
