Luego que no se asignara una sala que pudiera albergar a todos los abogados y demás partes procesales implicadas en el caso por un contrato anómalo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y Droguerías PiSA, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal pospuso la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
La jueza Silvia de León citó a los involucrados para el próximo 30 de marzo para la diligencia que podría extenderse por tres días.
En la audiencia, se espera que el Ministerio Público presente más de 115 documentos, 131 páginas de acusaciones, 20 peritajes y cerca de 30 testigos que propone como prueba para el juicio contra los sindicados de facilitar el fraude en el contrato de 116 millones de quetzales por servicios de diálisis peritoneal.
Por su parte, los pacientes renales, quienes están constituidos como querellantes, se mostraron molestos debido a las dificultades que enfrentan para trasladarse a la Torre de Tribunales.
La dirigente de la Asociación de Pacientes Renales, Sorayda Maz, calificó de lamentable que se suspenda la audiencia porque hay varios pacientes que viajan varios kilómetros para acudir al Juzgado para representar a todos los afectados.
