Por medio de un comunicado, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer el resultado del análisis que efectuó al expediente que corresponde a un caso de contrabando en el que se vio involucrado el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien aseguró que éste había sido detenido a petición suya.
Según lo establecido por la CICIG, se han realizado diligencias policiales de campo, análisis documental y financiero, así como requerimientos de informes a la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, la CICIG sí observó algunos retrasos en la investigación pero por motivos ajenos al Ministerio Público. Tal es el caso del cambio de equipo de investigadores policiales de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de los meses que han demorado las auditorías y análisis financieros de la SAT, IVE y de la CGC.
La evaluación fue solicitada por la Fiscal General, Thelma Aldana, luego que fuera señalada por Monzón de dar la orden de suspender la investigación referida, para así dilucidar la situación y que se determinara la existencia de indicios de algún tipo de retardo intencional.
A decir de Monzón, Aldana paralizó el caso tras reunirse con él, quien se vio involucrado por utilizar el producto de contrabando para suplir una compra por excepción de frijol y arroz que el Gobierno Patriota hizo y de la que habría obtenido una comisión monetaria.
La red criminal dedicada al ingreso de productos mexicanos al país, que evadía controles aduaneros y sanitarios fue descubierta en octubre de 2014. El caso se desprende del expediente conocido como “agua-miel”, cuya estructura fue desarticulada el 5 de marzo de 2015.
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