El exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, aseguró en su declaración haber sostenido una reunión en 2014 con la Fiscal General, Thelma Aldana, con el propósito de solicitarle que detuviera una investigación; sin embargo, la jefa del Ministerio Público resaltó que ese proceso nunca se frenó.
Aldana confirmó haber recibido a Monzón, como lo ha hecho con decenas de personas, pero rechazó que las pesquisas se hayan pausado por la petición que él le manifestó en la cita solicitada a través de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Monzón relató que en su visita al MP, en la que además de Aldana estaba el Fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, consultó si su esposa o él figuraban en una investigación que se llevaba a cabo respecto a la adquisición de granos básicos de contrabando a través de la empresa El Bodegón.
De acuerdo a Monzón, la jefa del MP habría delegado a López para que le diera seguimiento al tema y evitara la salida a la luz del caso, por lo que intercambiaron números de teléfono. Agregó que se despreocupó del tema porque con el tiempo no se informó sobre una persecución penal en su contra por ese caso.
Por su parte, Aldana aclaró que en este caso en particular se ha efectuado una persecución penal estratégica que detectó la existencia de una estructura criminal que ingresaba camiones de contrabando evadiendo controles en aduanas, impuestos y registros de salud.
Aldana rechazó la información que ha circulado en torno al caso y afirma que está dispuesta a resistir lo que considera “acciones de desprestigio” contra su desempeño laboral como consecuencia de los procesos que, junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han develado corrupción de parte de funcionarios.
El caso corresponde a una compra por excepción de frijol y arroz que se realizó para atender el hambre que desató la sequía. Según Monzón, un amigo lo contactó con el propietario de El Bodegón, empresa a la que se adjudicó el proyecto.
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Debido a la carencia de la capacidad financiera requerida para el proyecto, a través de la empresa se adquirieron granos que permanecían almacenados en la Portuaria Quetzal. El contrato tenía un valor de 570 millones de quetzales, pero solo se “hicieron dos o tres compras”, por 220 millones de quetzales, de cuyas utilidades, Monzón obtuvo el 50 por ciento.
