Durante la segunda semana del juicio del caso Sepur Zarco, el Ministerio Público continúa presentando pruebas en contra de los militares retirados acusados de esclavitud sexual; sin embargo, este lunes se presentó el primer peritaje que revela que lo ocurrido en ese lugar tuvo su origen en un conflicto agrario.
Juan Carlos Peláez, el experto quien realizó el peritaje, detalló que existe una coincidencia entre el listado de personas que buscaban legalizar sus terrenos en Alta Verapaz e Izabal en los años 80, y las víctimas de desaparición forzada en Sepur Zarco y sus alrededores.
#SepurZarco Perito del MP asegura que el área señalada constituye un territorio ancestral Maya Vía: @MarciaZSoy502 pic.twitter.com/rB6l52zliW
Durante la sexta jornada del juicio contra Steelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez Asij, por las desapariciones forzadas, asesinatos y esclavitud sexual ocurridos en Sepur Zarco, el experto hizo una referencia histórica del origen del conflicto en el área en mención.
Peláez confirmó que las tierras del Valle del Polochic y sus alrededores constituyen un territorio ancestral Maya Q'eqchí, pero en 1830, los colonizadores introdujeron el término "finca" para adoptar un sistema feudal y así calificar a los pobladores originales cómo mano de obra.
Peláez confirma que el origen de las supuestas fincas del sector descrito tiene un origen fraudulento y por lo tanto todo trámite posterior es ilegítimo, debido a que los propietarios originales son las poblaciones q'eqchíes que fueron desplazadas por los militares durante los 80.
Tal como lo indicó el testigo protegido, que rindió su declaración el pasado 5 de febrero, Peláez confirmó que los finqueros, supuestos propietarios de las tierras que habitaban y buscaban legalizar los indígenas, fueron los que solicitaron la presencia militar en Sepur Zarco, utilizando como excusa el Conflicto Armado Interno.
Diversos testigos que vivían en comunidades del Valle del Polochic han coincidido en que la persecución en su contra se originó en el marco de alguna acción para legalizar su tierra y que tras su captura, fueron obligados por el Ejército a abandonar sus propiedades.
Según la investigación del Ministerio Público, entre 1982 y 1983, Reyes Girón y Valdez Asij habrían permitido y participado en varias acciones contra la población Maya en los destacamentos de Sepur Zarco, Tinajas y Pataxte.
Las acciones cometidas por militares, habrían dejado un resultado de 3 asesinatos, 7 desapariciones forzadas y 11 violaciones sexuales sistemáticas, de acuerdo a la documentación con la que cuenta la Fiscalía y los querellantes del caso.
