El extitular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vladimir Aguilar, no atendió las sugerencias de su equipo de asesores. En el expediente del antejuicio, el Ministerio Público incluyó el dictamen 1658-2013, en el que la abogada de la PGN, Vilma Aracely Martínez de Recinos, le sugirió escuchar las recomendaciones del Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y la Dirección General de Bienes del Estado, antes de pronunciarse acerca del contrato con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Ahora ya renunció, pero su salida motivó las críticas contra la Comisión Pesquisidora, indicando que no saben de derecho, además de que asegura que no hay pruebas para vincularlo. Sin embargo, estos documentos dicen lo contrario:
Según el Ministerio Público (MP), Aguilar no solo no atendió la observación que su asesora legal hizo el 12 de abril de 2013, sino que le pidió que la cambiara.
Según la ampliación de denuncia de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Aguilar evitó firmar el documento y le ordenó a la Jefa de Consultoría y a Martínez de Recinos que firmaran el nuevo dictamen en el que señalan que “no está dentro del ámbito de nuestra competencia declarar la lesividad de ningún contrato”.
Esta falta de acción en contra del usufructo otorgado a TCQ generó que los diputados de Encuentro por Guatemala presentaran la denuncia en contra de Aguilar, lo cual lo impulsó a presentar su renuncia y no tener que verse en un proceso de antejuicio.
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