El juez Miguel Ángel Gálvez pretende separarse judicialmente del caso que se conoció como La Línea 2 o Impunidad y Defraudación en la SAT, donde se sindica a los abogados de la empresa Aceros de Guatemala y funcionarios de la SAT de fraguar una evasión de impuestos millonaria.
La inhibitoria será conocida por una Sala de Apelaciones que podría confirmarlo como el juez titular o enviarlo a otro juzgado.
Gálvez considera necesario inhibirse debido a que el proceso, aunque surgió de las escuchas telefónicas de la red La Línea, “suponen hechos delictivos ajenos a esa supuesta estructura” dice parte de su explicación.
El razonamiento confirma las quejas de los abogados defensores, quienes reiteraron durante la audiencia de primera declaración, que el proceso no debía tramitarse en el juzgado de Mayor Riesgo.
En la causa penal del caso Aceros de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) actúa como querellante.
A inicios de marzo el juez Gálvez resolvió ligar a proceso a 15 de las 16 personas involucradas y ocho permanecen en prisión preventiva.
El único que logró salir librado fue el exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Frank Trujillo, a quien se le resolvió la falta de mérito, aunque permanece arraigado.
