El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se refirió al nuevo impuesto que mencionó el pasado 10 de noviembre, aclarando que se trata de una propuesta que debe ser discutida por los distintos sectores nacionales.
Velásquez explicó que la idea surgió ante la deficiencia que impera en el Sistema de Justicia por la falta de recursos.
El Comisionado tomó al Ministerio Público como ejemplo de la necesidad de recursos económicos. El MP propuso la implementación de 27 fiscalías municipales cada año a través de una inversión de 104 millones de quetzales. Pero ni siquiera ese esfuerzo, unido a las 34 fiscalías existentes permitiría la cobertura de la mitad del territorio nacional en cuatro años.
El planteamiento de Velásquez fue respaldado por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, Valerie Julliand, quien resaltó los beneficios de un sistema tributario progresivo, en el que todos aporten de manera proporcional a su patrimonio.
Julliand destacó que ningún país puede funcionar sin recursos y que por ello la mayoría de países en desarrollo tienen una carga fiscal superior al 10 por ciento, aunque reconoció que también influye la percepción satisfactoria en el manejo de los recursos.
Velásquez dice que solo es una propuesta para solucionar falta de recursos para investigación criminal @soy_502 pic.twitter.com/5oraeiXTpE
En el mismo sentido, la representante de las Naciones Unidas advirtió que Guatemala posee uno de los porcentajes más bajos de inversión en salud, educación y protección social.
Las declaraciones fueron efectuadas en el marco de la firma de una ampliación de 150 mil euros en la cooperación que el Gobierno de España efectúa a la labor de la CICIG.
Velásquez reconoció que más que el aporte financiero, valora el respaldo internacional que recibe la Comisión. Añadió que la mejora en el trabajo coordinado con el MP ha generado una movilización ciudadana que reclama que las instituciones nacionales actúen con decisión en la lucha contra la impunidad.
La CICIG requiere un presupuesto anual de 12 millones de dólares para su funcionamiento, el cual proviene, en su totalidad, de la cooperación internacional, a través de un fondo administrado por el PNUD.
