El extitular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vladimir Aguilar, dejó de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los diputados aceptaron su renuncia, con lo que automáticamente quedó sin inmunidad.
Al no gozar de beneficios ante la justicia, el Ministerio Público (MP) podrá investigar a Aguilar por la denuncia presentada por los diputados de Encuentro por Guatemala, quienes consideran que incurrió en un delito al no actuar en contra del contrato entre el Estado de Guatemala y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Durante la primera sesión extraordinaria del año, los legisladores conocieron la renuncia de Vladimir Aguilar y los 129 diputados presentes votaron a favor.
El pasado viernes, la comisión pesquisidora que conoció el antejuicio contra Aguilar recomendó que se le retire la inmunidad al funcionario minutos después de que Aguilar presentara su renuncia.
En la ampliación de denuncia presentada por el MP, se incorporó un documento que demuestra que una abogada le recomendó a Aguilar que antes de pronunciarse tomara en cuenta la recomendación del Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas y la Dirección General de Bienes del Estado.
Sin embargo, el entonces Procurador le ordenó a la asesora legal que cambiara su informe, enfatizando que la PGN no podía accionar.
Ahora que Aguilar es como cualquier otro ciudadano ante la ley, un juzgado podría arraigarlo, como le ocurrió a la exvicepresidenta Roxana Baldetti luego que su renuncia fuera aceptada en el Congreso y cuando al entonces mandatario Otto Pérez Molina le fue retirada la inmunidad.
