Las recientes acciones del MP en el marco del proceso electoral siguen generando reacciones de las entidades que enviaron misiones de observación al país.
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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) calificó de acoso las acciones que el Ministerio Público (MP) ha emprendido contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su personal.
Mediante un comunicado, esa instancia mostró su preocupación por las solicitudes de levantamiento de antejuicio emitidas contra tres magistrados, incluida la presidenta del TSE, Irma Palencia, y el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz Jordán.
"Con independencia del origen de los casos, las solicitudes del MP se producen mientras las juntas electorales departamentales realizan las audiencias de revisión de escrutinios de la elección presidencial del pasado 20 de agosto, paso previo a la oficialización de sus resultados por parte del TSE", resaltó la MOE-UE.
En su informe preliminar, esta entidad señaló que las interferencias en el proceso electoral que busquen criminalizar al TSE amenazan el derecho y la oportunidad de participar en elecciones auténticas, así como al respeto a la voluntad de los votantes.
Hostigamiento e intimidación
Otro aspecto que la misión electoral de la UE ve con preocupación es "la persecución, hostigamiento e intimidación" contra los miembros de juntas receptoras de votos, revisores o digitadores, cuyos nombres solicitó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) al TSE.
Los oficios en que se requiere la información llegaron al Tribunal el martes 22 de agosto y en ellos se pide que se proporcione el nombre, cargo y lugar donde se puede citar a las mencionadas personas.
"La información requerida debe ser entregada en un plazo que no exceda los cinco días, en la Sede de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad", se lee en los documentos. En uno de ellos también se requiere la ubicación de los centros de votación habilitados en la primera y segunda vuelta.
Tal como lo anunció el jefe adjunto de la MOE-UE, Miguel Sánchez de Nogués, los observadores seguirán en el país vigilando el período postelectoral.