Un total de 59 años de prisión podría acumular la exvicepresidenta Roxana Baldetti si se llegase a confirmar su participación en los tres casos de corrupción por los que actualmente enfrenta a la justicia.
Baldetti ha sido señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de participar en la red de defraudación aduanera denominada La Línea, en el caso conocido como TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) y en la adjudicación anómala de un proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán.
A raíz de los procesos, la exvicemandataria cuenta con tres acusaciones por asociación ilícita, dos por cohecho pasivo, dos por fraude, una por caso especial de defraudación aduanera, una por tráfico de influencias y una por lavado de dinero u otros activos.
Si bien, la suma individual de los delitos comprendidos en las acusaciones significarían una pena de entre 46 y 98 años, Javier Monterroso, experto en derecho constitucional y representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, explica que en estos casos se aplica el concurso ideal.
El concurso ideal es cuando la aplicación de la pena se basa en que un hecho ilícito constituyó dos o más delitos, es decir, uno como medio para necesario para lograr el otro, por lo que se toma en cuenta la sentencia de la infracción mayor.
De esta manera, la asociación ilícita y el cohecho pasivo que se le imputa a Baldetti en el caso La Línea, tendrían como fin la defraudación aduanera, cuya pena abarca entre 7 y 10 años de prisión.
Si se comprueban las circunstancias agravantes como alevosía, premeditación y abuso de autoridad, la exfuncionaria sería condenada a la pena máxima de 10 años, más la tercera parte (3 años y 4 meses) por incurrir en otros delitos para alcanzar el fin. Es decir, 13 años y 4 meses por La Línea.
La situación se repite en el caso Lago de Amatitlán, por lo que podría ser condenada al máximo de 10 años de prisión que se estipulan para fraude más 3 años y 4 meses por la asociación ilícita y el tráfico de influencias en los que cayó para conseguir el primero.
Para el caso TCQ, igual se le podría sentenciar por fraude, pero además se sumaría la pena para lavado de dinero u otros activos que abarca un máximo de 20 años de cárcel inconmutables.
Asimismo, la Ley contra el Lavado de Dinero señala que quien fuere encontrado culpable por el delito deberá pagar una multa igual al valor de los productos del ilícito que según la investigación del MP y la CICIG, serían 4 millones 175 mil 900 dólares que recibió como soborno por facilitar el usufructo de la Portuaria.
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