¿Qué implica la inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones?

La Ley fue declarada inconstitucional por decisión unánime. (Foto Archivo/Soy502)

La Ley fue declarada inconstitucional por decisión unánime. (Foto Archivo/Soy502)

Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) declarara inconstitucional del Decreto 12-2014 Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura de Transmisión de Datos hay varias disposiciones que ya no serán obligatorias, como la responsabilidad del bloqueo de llamadas desde las cárceles.

Una de las principales discusiones tras la resolución es ¿qué pasará con el bloqueo de señal telefónica en los centros de detención?, ya que la decisión de la CC exime a las compañías de la instalación y mantenimiento de equipo para conseguir este objetivo. 

 

La medida fue planteada, luego que se estimara que el 80% de las llamadas de extorsión provenían de las cárceles. La Ley también obligaba al Sistema Penitenciario a efectuar cada 15 días un monitoreo para garantizar la efectividad del equipo. 

La discordia legal

Otras de las disposiciones que más disgusto generó en las autoridades municipales es que la Ley daba potestad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) a autorizar la instalación de antenas, cableado, fibra óptica y postes para la transmisión de datos en propiedad privada o bienes de dominio público, con tan solo una solicitud de las compañías operadoras.

Por lo que ahora, el proceso de autorización deberá apegarse a una normativa distinta, al igual que los arbitrios contemplados que correspondían a un pago único de 30 mil quetzales por cada torre o estructura de soporte de antena y a 70 centavos anuales por cada metro de uso de bienes de dominio público. 

Así también, el Decreto 12-2014 adicionaba tres artículos al Código Penal que establecía como delito la obstaculización de instalación y mantenimiento del equipo de telefonía, el cobro adicional de algún impuesto local por la colocación de estos y la negación de alguna autoridad de acudir al llamado de una Compañía ante alguna obstaculización.

¿Hubo arrestos por estos delitos?

Según las estadísticas del Organismo Judicial, en 2015 ingresó un caso en Escuintla por el delito de "perturbación a la instalación, uso o reparación de equipo de transmisión de datos", el cual comprendía entre seis y ocho años de cárcel y multas de 5 mil a 25 mil quetzales, es decir, una persona no permitió la instalación de alguna antena y por ello fue arrestada.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells detalla que aunque la ley no es retroactiva, en materia penal existe la posibilidad que la Defensa del sindicado utilice la resolución para beneficiar a su cliente, porque el delito ya no existe. 

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El Decreto 12-2014 del Congreso de la República fue emitido con el “propósito de establecer normas que impidan las telecomunicaciones no autorizadas desde centros del sistema penitenciario y además regular mecanismos ágiles que unifiquen y simplifiquen los trámites necesarios para la instalación de infraestructura”, pero esta fue declarada inconstitucional por decisión unánime de la CC luego de recibir 15 impugnaciones de parte de distintos sectores.

17 de marzo de 2016, 17:03

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