Diputados impulsan una ley que modificaría la atención que se brinda a las víctimas de violencia sexual en los servicios públicos.
OTRAS NOTICIAS: Sin pago de pensión, no hay licencia, la iniciativa que se presentó en el Congreso
Conformada por 65 artículos, en el Congreso de la República se impulsa la creación de una ley integral para la prevención y atención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
La propuesta se presentó el pasado 20 de mayo y, entre otros aspectos, norma la obligatoriedad de otorgar tratamiento profiláctico post exposición a las víctimas de violencia sexual.
Esta asistencia se tendría que proporcionar en un lapso que no sobrepasara las 72 horas después del hecho. Además, se tendría que garantizar el tratamiento médico de emergencia contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), "sin estigma ni discriminación".
En el proyecto de ley se establece que este apoyo se debería brindar independientemente de que la víctima denuncie la agresión.
También deja como responsables de la atención inmediata en estos casos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
En una de sus líneas, la iniciativa indica que si se negara el tratamiento, el responsable podría ser acusado del delito de incumplimiento de deberes.
¿Qué incluiría el tratamiento?
La propuesta fue hecha por diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) e indicaron que el tratamiento profiláctico post exposición está reconocido como una medida secundaria para evitar el desarrollo de infección por VIH.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), también es parte de la estrategia general de prevención, ya que, cuando se aplica hasta 72 horas después del hecho de riesgo, reduce en más de 80% la posibilidad de contraer el virus.
En términos sencillos, la profilaxis consiste en la administración de fármacos que se utilizan habitualmente con pacientes afectados por el VIH.
En el sitio de la OMS se lee que las directrices para la aplicación de este tratamiento se actualizó en 2014 y actualmente incluye a todos los grupos de población: adultos, adolescentes y niños.
Acceso a pruebas
Otro de los aspectos que se busca garantizar es el acceso universal a pruebas para la detección del virus y otras ITS en los servicios públicos de salud.
Si la ley se aprobara, incluso, los adolescentes, desde los 14 años, tendrían derecho a solicitarla, "previa evaluación de riesgo por parte del personal de salud".
En cuanto a los menores de esa edad, podrían acceder al test, con autorización de sus padres o tutores, quienes tendrían que firmar el permiso correspondiente. Si esto no ocurriera, el médico tratante podría efectuar la prueba, documentando su necesidad en el expediente clínico.
Muerte digna
La propuesta, que está pendiente de ser conocida por el pleno de diputados, está registrada con el número 6396 y es una de las que se presentó más recientemente en el Legislativo.
Además, contiene un término que ha sido rechazado por grupos religiosos en otras iniciativas de ley, por considerar que promueve la eutanasia. En su artículo 42, el proyecto se refiere a la muerte digna como un derecho para pacientes con VIH/SIDA.
"Las personas tienen derecho a recibir una atención humana y solidaria, que les permita una muerte digna, respetando su concepción sobre la vida y la muerte", dice el texto.
