El Congreso evalúa dos iniciativas de Ley de Aguas con diferencias en gobernanza, canon por uso productivo y la participación del sector privado empresarial.
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El Congreso tiene bajo análisis dos propuestas para establecer una Ley de Aguas. La iniciativa 6816, presentada por el Ejecutivo, y la 6834, promovida por el diputado Inés Castillo. Ambas coinciden en la necesidad de establecer reglas para el uso y manejo del recurso, pero plantean diferencias en la estructura de la autoridad, la participación de sectores productivos y el cobro por los aprovechamientos.
La propuesta del Ejecutivo plantea crear la Autoridad Nacional del Agua, que asumiría las funciones relacionadas con la gestión del recurso y trabajaría bajo un modelo de manejo integrado de las aguas.
La iniciativa contempla licencias para los aprovechamientos especiales y un canon para quienes utilicen el agua como insumo en actividades destinadas a generar bienes o servicios, sin embargo, el cálculo del canon quedaría establecido en un reglamento posterior y no directamente en la ley.
La propuesta 6816, la propuesta del Gobierno, también establece que los aprovechamientos destinados al consumo humano en viviendas y a la agricultura y ganadería familiar no requerirían licencia ni estarían sujetos al pago del canon. Por el contrario, las empresas que utilicen agua para actividades productivas tendrían que solicitar una licencia de aprovechamiento especial.
Por aparte, la iniciativa 6834, la presentada por el diputado Castillo, plantea otra estructura para la autoridad del agua, en esta se contempla un Directorio del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) en el que participan representantes de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras, además de representantes de otros sectores e instituciones.
La participación del sector privado es uno de los principales puntos de diferencia entre estas dos propuestas. Mientras la iniciativa del Ejecutivo no incorpora a representantes empresariales en el órgano directivo, la 6834 sí contempla su participación.
Postura empresarial
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carlos Arias, ha señalado que el sector privado está a favor de que Guatemala tenga una regulación del agua, pero considera necesario que esta proporcione certeza jurídica y tenga un fundamento técnico.
Entre las preocupaciones expresadas por Arias están la composición de la gobernanza de la autoridad, la ausencia de técnicos en los órganos de decisión y las disposiciones relacionadas con la captación de agua.
Para el CACIF, uno de los problemas principales del país no es la falta de agua, sino la insuficiente captación de agua limpia y la gestión del recurso. Arias también ha planteado que la discusión debería incluir las inversiones necesarias en infraestructura hídrica para ampliar el acceso al agua.
La postura empresarial coincide con algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo, como mejorar el acceso al agua, reducir la contaminación y contar con información técnica para administrar las cuencas. La diferencia está en la forma en que se propone alcanzar esos objetivos y en el papel que tendría el sector privado dentro de la nueva institucionalidad.
El proceso de los diálogos
Por su lado, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, quien habló con Soy502 antes de presentar su renuncia, negó que el sector privado haya sido excluido del proceso de discusión de la iniciativa 6816.
Según el registro que presentó, el Ministerio de Ambiente sostuvo 20 encuentros bilaterales con organizaciones del sector privado entre 2025 y 2026. Entre las entidades mencionadas están CACIF, Camagro, AGER, Agexport, CMI, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.
Los datos registran 18 reuniones entre marzo y octubre de 2025 y otras dos en 2026; una en enero con el sector privado agremiado en CACIF y otra en julio con la Cámara de Productores de Leche.
Orantes también indicó que durante el proceso nacional de diálogo sobre el agua se realizaron 26 encuentros en 13 puntos del país, con participación de distintos sectores, incluido el privado.
Además, indicó que una de las propuestas planteadas por el sector empresarial fue tener representación en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, esa solicitud no fue incorporada porque, según explicó, el Ejecutivo considera que los sectores regulados no deben formar parte del órgano regulador para evitar posibles conflictos de interés.
Comisión de Ambiente
Después de que la iniciativa 6816 fue presentada al Congreso, CACIF también buscó un acercamiento con la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales en una carta fechada el 12 de agosto donde invitó a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales a un encuentro para discutir la propuesta de Ley de Aguas.
No obstante, la diputada Victoria Palala, integrante de esta comisión señaló que, desde la presentación de la iniciativa, no ha tenido contacto con el sector empresarial. Explicó que la comisión debía establecer un cronograma de audiencias para escuchar a los distintos actores interesados, incluido CACIF.
Hasta el momento las dos iniciativas continuarán su trámite legislativo.
Se intentó obtener la postura del diputado Inés Castillo sobre las diferencias entre ambas propuestas y el planteamiento de la iniciativa 6834, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
