La defensa de los siete agentes de la PNC señalados de ejecución extrajudicial en el caso conocido como Itzapa, rechazó la acusación del MP.
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Tras las conclusiones expresadas por el Ministerio Público (MP) que concluyeron con la petición de 60 años de prisión contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados del delito de ejecución extrajudicial, los abogados defensores de los siete policías rechazaron las acusaciones pronunciadas por el ente investigador, afirmando que carecen de sustento, por lo que solicitaron al Tribunal de Mayor Riesgo B una sentencia absolutoria.
Esto debido a que, según el análisis de la defensa, no existen los elementos suficientes para afirmar que los imputados cometieron el delito de ejecución extrajudicial.
En la audiencia
Durante la exposición de la defensa, intervinieron los abogados de Fredy Santiago Velásquez Pérez, agente de la PNC; y Edy Vásquez Rabanales, subinspector y jefe de la subestación; así cómo el defensor de Ángel Mario Roquel.
Silvia Escobar, abogada del agente Velásquez Pérez, cuestionó la razón por la que el MP presentó a declarar el 12 de agosto a agentes de PNC asignados a la subestación policial que se encontraban de descanso y que señalaron que no les constaba nada de sucedido.
Además, también dijo que los Bomberos Municipales, únicamente refiere haber realizado el hallazgo de un cadáver putrefacto, pero que tampoco les consta los hechos.
Por su parte, Víctor Manuel Chávez, abogado del subinspector Vásquez Rabanales, cuestionó lo expresado por el MP en cuanto a que en su argumentación generalizó los hechos, mientras que la ley establece que la responsabilidad penal es personalísima.
El Abogado Víctor Manuel Chavéz, defensa del subinspector y jefe de la subestación policial de San Andrés Itzapa, asegura que el MP generalizó la comisión del delito de ejecución extrajudicial a sabienda que la responsabilidad penal es personalísima. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/llUXeSTsXO
Agregó que esto se evidencia cuando dice que "todas las personas que estaban en ese lugar conformaban una estructura criminal", cuando esa subestación policial está conformada por 17 agentes policiales.
También dejó en entredicho lo declarado por la testigo "rey" que menciona el MP, ya que expresó que en reconocimiento efectuado al inmueble que albergaba la Comisaría, el espacio se restaba para escuchar todo y observa, por lo que el abogado cuestionó: "¿Por qué no grabo lo que sucedía?".
Resaltó que, en todo caso si existiere un delito, este no sería ejecución extrajudicial, sino homicidio preterintencional, pues calificó lo sucedido como un hecho fortuito.
La defensa del agente Roquel, el abogado Rodrigo Godínez, señaló que el MP indicó que su patrocinado ocultó información y que proporcionó datos falsos de lo sucedido.
Dijo que los fotogramas presentados por el ente investigador no demuestran la participación del agente Roquel en la comisión de los delitos que se le atribuyen de obstrucción de la acción penal e incumplimiento de deberes. Señaló que la defensa del agente no esconde la gravedad de lo acontecido.
Indicó que la presencia de un detenido en una subestación policial no presume que todos los agentes asignados a la Comisaría tengan conocimiento de los motivos de la aprehensión, pues recalcó que su defendido no estaba de servicio en ese momento.
Dijo que, como consecuencia, el agente Roquel no ha podido trabajar, así como ha quedado entredicho su reputación y la de su familia.
Reiteró al igual que la defensa de Vásquez Rabanales que la responsabilidad penal es de carácter personalísima, por lo que señaló que el MP tenía la obligación de individualizar cada uno de los delitos.
Sobre el caso
El caso se remonta a abril de 2024, cuando, según la investigación Milton Nelson Santamaría, ciudadano canadiense, murió presuntamente a manos de agentes de la PNC en San Andrés Itzapa. En esos mismos hechos se reportó la desaparición del guatemalteco Choc Xi.
Tras lo ocurrido, policías asignados a la subestación abandonaron el lugar, entre ellos el subinspector Vásquez Rabanales, entonces jefe de esa sede policial quien fue localizado en Estados Unidos y deportado a Guatemala para enfrentar el proceso penal.
La investigación también determinó la posible participación de otras personas, entre ellas un bombero que fue ligado a proceso y posteriormente aceptó cargos por encubrimiento.
