Analistas advierten que conforme se aproxime el proceso electoral de 2027, la violencia podría tornarse más "brava".
OTRAS NOTICIAS: Implicado en crimen de "La Miamor" queda libre por falta de pruebas
A unos cinco meses de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a las elecciones generales de 2027, al menos siete ataques contra alcaldes, concejales y excandidatos a alcaldes han sido registrados durante los primeros meses de 2026, una cifra que ya iguala los casos documentados durante todo el año pasado.
Entre los hechos se encuentra el atentado contra Miguel Augusto Jordán Canalies, alcalde de Los Amates, Izabal, ocurrido el pasado 25 de enero. El jefe edil y su esposa, Karla María Salguero de Roldán, fueron atacados cuando salían de una gasolinera ubicada en el kilómetro 199.5 de la ruta al Atlántico.
El antecedente inmediato se remonta al 26 de febrero de 2025, cuando Gerson Saúl Ajcuc Xot, entonces alcalde de Chuarrancho, Guatemala, murió en un ataque armado.
Meses después, el 3 de julio de 2026, su sucesor en la comuna, Roberto Gómez, fue víctima de un ataque ocurrido en la calzada Aguilar Batres y 17 calle de la zona 11 capitalina.
En este caso, información de testigos señala que varios hombres intentaron despojarlo de sus pertenencias cuando se conducía en su vehículo después de salir de un restaurante de comida rápida. Uno de sus guardaespaldas repelió el ataque e hirió a uno de los presuntos asaltantes.
Ataques contra concejales
La violencia también ha alcanzado a integrantes de corporaciones municipales. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 3 de agosto contra Ana Graciela Valdez Vásquez, concejal primero de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, quien fue atacada a balazos cuando regresaba a su vivienda en el barrio Esquipulas, zona 5 de ese municipio.
De acuerdo con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), una de las principales líneas de investigación apunta a un posible móvil político.
Otro caso ocurrió el 17 de mayo, cuando Miguel Najarro Garcías Salas, concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, fue asesinado.
Según información preliminar, el ataque armado ocurrió en el ingreso a la colonia Villas del Quetzal, cuando Najarro se conducía en su vehículo y fue interceptado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.
Cinco días después, el 22 de mayo, Brenda Granados, concejal cuarto de la Municipalidad de Chinautla, y su esposo, Ronnie Ayala, fueron víctimas de un ataque directo frente a una escuela de La Laguneta, Chinautla.
Atentados contra excandidatos
La violencia también ha alcanzado a personas que participaron como candidatos en las elecciones generales de 2023.
El pasado 22 de enero, Edgar Aníbal Ramos Salazar, de 47 años, murió durante un ataque armado. Ramos Salazar había sido candidato a alcalde de Concepción Las Minas, Chiquimula, por el partido Vamos.
Otro de los casos es el de Danilo Aguirre Arana, excandidato a la alcaldía de Comapa, Jutiapa, quien fue víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios el pasado 7 de marzo en una carretera de ese departamento.
Aguirre Arana participó en las elecciones de 2023 como candidato a alcalde de Comapa por el partido Valor.
Preocupa presencia del crimen organizado
Ante este escenario, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, manifestó su preocupación por los hechos de violencia y consideró urgente buscar mecanismos para contrarrestar la incursión del crimen organizado en espacios del poder local.
Según Siero, la violencia se ha intensificado y las estructuras del crimen organizado, en su intento por cooptar espacios de poder, pueden llegar a generar inestabilidad entre las autoridades locales.
A su criterio, una de las medidas para recuperar el control territorial sería incrementar la presencia del Ejército en las calles, como apoyo a las acciones del Ministerio de Gobernación en materia de seguridad ciudadana.
Siero también expresó preocupación por el escenario que podría generarse conforme se acerquen las elecciones generales de 2027 y advirtió sobre la posibilidad de que aumenten los ataques contra alcaldes y otros integrantes de las corporaciones municipales.
La preocupación es compartida por el director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (ICEP), Rubén Hidalgo, quien considera inquietantes los hechos de violencia registrados contra alcaldes y concejales.
Hidalgo explicó que la autonomía municipal y las posibilidades de evadir determinados controles del Estado pueden convertir a las municipalidades en espacios atractivos para intereses que buscan realizar negocios al margen de la legalidad.
"El espacio municipal es muy apetecido, debatido, discutido y peleado de diversas maneras. Lamentablemente, más allá de lo que debiese ser una discusión fundamentada en planteamientos para un mejor desarrollo del municipio, son superados prácticas viciosas que van desde la violencia hasta eliminar al contrincante político a un puesto de elección", apuntó.
El analista advirtió, además, que existe la percepción de que podrían aproximarse tiempos más "bravos" en materia de violencia conforme avance el año preelectoral, con consecuencias incluso para personas que tengan aspiraciones de participar en política.
Por su parte, el especialista en temas municipales Eddy Cifuentes señaló que, durante sus recorridos por diferentes puntos del país, ha observado una débil presencia del Estado frente al narcotráfico y otras estructuras criminales que operan principalmente en el interior.
Cifuentes consideró preocupante el control territorial alcanzado por grupos del crimen organizado y las limitaciones que enfrenta la Policía Nacional Civil (PNC) para responder ante su capacidad operativa.
A su juicio, el control territorial constituye uno de los factores que han agudizado el problema en diferentes regiones del país y facilita los intentos de cooptación de instituciones públicas para favorecer intereses criminales.
