Entre los retenidos se encuentra personal del Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria y agentes de la Policía Nacional Civil.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió un pronunciamiento para condenar la retención y las amenazas en contra de funcionarios en el departamento de Quiché.
Dicho pronunciamiento se da luego que pobladores de Chichicastenango, Quiché, retuvieran en contra de su voluntad a personal fiscal y agentes policiacos que se encontraban participando en un operativo en la localidad.
Ante esta situación, el cacif exigió la liberación inmediata de los afectados, así como el respeto absoluto a su vida y su integridad física.
En el comunicado, el sector empresarial enfatizó que ningún reclamo justifica el uso de la violencia ni la coacción, señalando que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y dentro del marco de la ley.
El Cacif señaló que el contrabando y la defraudación aduanera afectan el empleo formal, la competencia justa y los ingresos del Estado, reiterando su respaldo a las autoridades en el cumplimiento de la ley.
Al cierre de esta nota, el Ministerio Público indicó que no hay actualizaciones acerca de este caso, por lo que se desconoce cómo se encuentran los retenidos, entre quienes se encuentra personal del Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria y agentes de la Policía Nacional Civil.
CACIF, como integrante del Consejo Nacional de Competitividad (COINCON), condena la retención y las amenazas contra funcionarios públicos reportadas en Quiché. Exigimos su liberación inmediata y el pleno respeto a su vida e integridad. #ComunicadoCACIF
Lee la postura completa aquí: https://t.co/VW1HExQxS4
Amcham se pronuncia
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana también se sumó a la condena por la retención de funcionarios públicos ocurrida este miércoles en Quiché.
Además, hace un llamado a su liberación inmediata, así como al respeto irrestricto de su vida e integridad.
"Estos hechos representan una vulneración al Estado de Derecho y obstaculizan el trabajo que las instituciones realizan para garantizar el cumplimiento de la ley. Ninguna inconformidad o reclamo puede justificar el uso de la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones", añade el comunicado.
Amcham hace un llamado a que las diferencia se canalicen por las vías institucionales, preservando siempre el respeto a la ley, la seguridad de las personas y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
