El Congreso discute una iniciativa que busca fijar precios de referencia para los combustibles tras horas de discusión y análisis con Jefes de Bloque.
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El Congreso discute este martes 8 de septiembre una iniciativa de ley que busca establecer un mecanismo temporal para contener el impacto del alza internacional de los combustibles y fijar precios máximos de referencia para los consumidores.
En el pleno, antes de entrar a conocer el contenido de la propuesta, diputados presentaron una moción privilegiada para que la iniciativa 6844 sea declarada de urgencia nacional.
La iniciativa 6844, plantea establecer durante la vigencia del apoyo social un precio de referencia de Q39 por galón para el diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, impuestos incluidos. Estos montos funcionarían como precios máximos de venta al consumidor final en las estaciones de servicio.
El mecanismo funcionaría a través de un apoyo social temporal a los importadores; cuando el precio promedio de mercado de los combustibles cubiertos supere el precio de referencia establecido, para esto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) absorbería la diferencia mediante este apoyo, con el fin de que el incremento internacional no se traslade completamente al consumidor.
La iniciativa contempla que el mecanismo se aplique desde las terminales de almacenamiento donde el MEM deberá establecer periódicamente un precio variable de venta tomando como referencia los precios internacionales, costos de importación, fletes, impuestos y otros componentes de la cadena de comercialización.
El apoyo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podría finalizar antes si se agotan los recursos disponibles o si durante 15 días consecutivos los precios internacionales caen por debajo de los niveles establecidos en la propuesta.
Detalles de la inicitiva
Para financiar el mecanismo, la iniciativa contempla un monto de hasta Q2,500 millones.
También establece controles para evitar que el beneficio sea utilizado indebidamente, pues el MEM, la SAT, la DIACO y la Contraloría General de Cuentas tendrán distintas funciones de supervisión, mientras que las estaciones deberán reportar inventarios, volúmenes recibidos y ventas al consumidor final.
Además, se contempla una multa de 30 Unidades de Multa Ajustables (UMAS) por cada falta en la aplicación del apoyo social al precio de venta al consumidor.
La iniciativa también prohíbe exportar, reexportar, trasladar o extraer del territorio nacional combustibles que hayan recibido el apoyo social. En caso de detectar una posible extracción irregular, las autoridades deberán informar al Ministerio Público (MP) y a la SAT.
Al cierre de esta nota el diputado Allan Rodríguez cuestionó que la iniciativa haya sido presentada de forma improvisada y sin que los legisladores tuvieran tiempo suficiente para conocer su contenido antes de votar la moción para declararla de urgencia nacional.
Rodríguez señaló que la iniciativa terminó de redactarse minutos antes de su presentación y aseguró que, pese a ser jefe de bloque, no había recibido una copia del documento. "Yo no puedo votar por algo que desconozco. Sería súper irresponsable entrar a votar por algo que no he leído", expresó.
