La CSJ propone un año de transición para aplicar las reformas sobre prisión preventiva y ampliar los juzgados necesarios para implementarlas.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó a la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso, una serie de propuestas para modificar aspectos operativos del Decreto 23-2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva y las medidas sustitutivas.
Entre sus principales planteamientos está establecer un período de transición de un año para aplicar plenamente las disposiciones y ampliar la capacidad de los órganos jurisdiccionales.
El magistrado René Girón explicó que la CSJ comparte el objetivo central de las reformas que es evitar que una persona permanezca más de un año en prisión preventiva, salvo situaciones excepcionales de cada proceso.
Sin embargo, considera que el Organismo Judicial (OJ) necesita tiempo para reorganizar sus funciones, revisar competencias y habilitar nuevos juzgados.
Más juzgados y personal
Entre las propuestas presentadas esta ampliar la cantidad de juzgados de primera instancia de turno. Girón señaló que en la actualidad estos órganos funcionan únicamente en seis municipios y cabeceras departamentales en Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Quetzaltenango, Chiquimula y Escuintla.
La CSJ considera necesario extender este servicio a por lo menos 16 cabeceras departamentales y otros municipios como Coatepeque. Esto implicaría contratar más jueces y personal, además de revisar las competencias de los juzgados existentes.
El magistrado Girón también señaló que hoy en día existen alrededor de 100 juzgados de paz con competencia ampliada, pese a que el país cuenta con 340 municipios y esta distribución representa una limitación operativa para implementar las reformas.
La CSJ también plantea revisar la organización de los órganos jurisdiccionales y avanzar en la creación de nuevas salas de apelaciones y otras dependencias necesarias para atender los cambios.
Entrada en vigor gradual
Uno de los principales planteamientos de la CSJ es que las disposiciones administrativas y operativas entren en vigor ocho días después de la publicación del decreto, mientras que el contenido de fondo de las reformas comience a aplicarse dentro de un año, es decir, a finales de 2027.
Este período permitiría al OJ realizar estudios de planificación para determinar qué juzgados necesitan ampliar sus competencias y dónde es necesario crear nuevas sedes judiciales.
Girón indicó que la CSJ ya comenzó a estudiar de manera preliminar las necesidades de implementación, pero que los análisis formales corresponderían a la Secretaría de Planificación del Organismo Judicial una vez que exista un decreto vigente.
Por ahora, la CSJ no cuenta con una estimación del presupuesto que requeriría la reorganización, debido a que todavía debe establecer cuántos órganos jurisdiccionales y trabajadores serían necesarios.
Veto Presidencial
El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal sobre prisión preventiva y medidas sustitutivas, al señalar problemas de seguridad jurídica en algunas disposiciones.
Asimismo, se cuestionó que las reformas entraran en vigor sin un período de transición.
