Sindicalistas cuestionan procedimiento y autoridades aseguran que todo es transparente.
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La convocatoria interna para ocupar plazas en el Congreso de la República se desarrolla en medio de cuestionamientos por parte de representantes sindicales, quienes señalan presuntas anomalías en la recepción de expedientes, las notificaciones y la aplicación de evaluaciones.
Xiomara Conde, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Legislativo (STOL), afirmó que la organización se opone a que trabajadores contratados bajo el renglón 022 participen en una convocatoria interna destinada, según su interpretación, a procesos de ascenso para empleados permanentes 011.
Conde sostuvo que algunos trabajadores 011 habrían tenido dificultades para continuar en el proceso por distintos requisitos, mientras que empleados 022 con pocos meses de laborar en el Congreso sí habrían podido presentar sus expedientes.
La dirigente sindical también cuestionó los tiempos de las notificaciones. Según indicó, algunos trabajadores fueron informados sobre aspectos del proceso fuera de los horarios.
Presuntas anomalías
Entre los señalamientos de Conde también se mencionan supuestas irregularidades en las evaluaciones, pues afirmó que trabajadores le han reportado la existencia de exámenes que presuntamente ya habrían sido respondidos. Ademas, cuestionó que algunos directores que participan en el proceso tengan relación con la elaboración o aplicación de las pruebas.
Conde señaló que el sindicato ya presentó denuncias ante el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que se investiguen las posibles irregularidades.
También aseguró que dentro del Congreso circulan versiones de que algunas plazas ya estarían asignadas y que determinados trabajadores habrían sido desalentados de participar porque los puestos ya se encontraban comprometidos.
El sindicato sostiene que los trabajadores 022 son personal temporal de apoyo administrativo y que podrían participar en una convocatoria posterior, pero no en la actual, que consideran vinculada con ascensos de empleados permanentes.
Proceso Transparente
El presidente del Congreso, Luis Contreras, rechazó las declaraciones del sindicato y aseguró que el proceso es transparente.
Contreras explicó que la convocatoria contempla a trabajadores 022 que cumplan con los requisitos y puedan optar a una plaza permanente 011 mediante las evaluaciones correspondientes.
Según el presidente del Legislativo, no todos los trabajadores 022 fueron evaluados, sino únicamente aquellos que participaron en la convocatoria, completaron los requisitos y llegaron a la etapa correspondiente.
Añadió que quienes obtengan 75 puntos pueden continuar con el proceso, mientras que quienes no alcancen esa calificación quedan fuera.
"Los 022 tienen derecho a ser promovidos a 011", sostuvo Contreras. Además señaló que estos trabajadores también tienen derecho a buscar estabilidad laboral.
El presidente del Congreso aseguró que existen más de 180 plazas que no están cubiertas por personal permanente, debido, entre otras razones, a fallecimientos y retiros de trabajadores.
"Nosotros necesitamos llenar las múltiples vacantes que fueron dejadas por los 011", precisó.
Sobre la posible venta de plazas dentro del legislativo, lo catalogó como rumores de pasillo. Agregó que los actuales señalamientos no ameritan que este proceso se detenga o se repita la convocatoria.
Antecedentes
El Congreso ya ha enfrentado disputas judiciales relacionadas con las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores permanentes.
Uno de los principales antecedentes se remonta a 2016, cuando durante la presidencia de Mario Taracena se modificó la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo. La reforma modificó el esquema de incrementos salariales para los trabajadores con plaza permanente.
Un grupo de 30 empleados presentó una demanda colectiva al considerar que se habían afectado derechos adquiridos mediante el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que contemplaba un incremento anual del 10%.
El proceso judicial se extendió durante varios años y en 2022 un Juzgado de Trabajo y Previsión Social resolvió a favor de los trabajadores y una Sala de Apelaciones confirmó la decisión.
La resolución ordenó reconocer el complemento del 10% sobre el salario base correspondiente al período establecido en el fallo. Las autoridades legislativas informaron que tras haber agotado los recursos legales cumplirían con la resolución judicial.
El monto exacto del desembolso dependía del salario base de cada trabajador. Por ejemplo, si un empleado que en 2017 tenía un salario base de Q10 mil habría acumulado más de Q137 mil en incrementos pendientes durante el período analizado.
Desembolso
El Congreso tuvo que afrontar un desembolso estimado de Q4.1 millones para los 30 trabajadores que ganaron la demanda por los incrementos salariales que dejaron de recibir desde 2017.
Las autoridades del Congreso, en ese entonces, también advirtieron que el fallo podía representar una presión financiera para el Legislativo.
