EE.UU. podrá procesar a funcionarios extranjeros por casos de soborno

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Cuantiosas multas y hasta prisión contempla una nueva ley aprobada por EE.UU. para combatir la corrupción.

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Una nueva ley aprobada por el Gobierno de Estados Unidos podría tener repercusiones para actores políticos guatemaltecos, a quienes se vincule con hechos de corrupción.

El reconocido medio The Wall Street Journal informó este martes 2 de enero sobre una disposición que permite al Departamento de Justicia de EE.UU. presentar cargos penales contra funcionarios extranjeros que exijan o acepten sobornos, ya sea de personas individuales o empresas establecidas en esa nación.

Bautizada como Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, la normativa fue promulgada por el presidente Joe Biden el pasado 22 de diciembre, después de que el Congreso votara para aprobar la legislación anual de ese territorio.

De acuerdo con lo recogido por el medio de comunicación, se trata de un precepto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la cual tipifica como delito que un funcionario de otro país se beneficie económicamente a cambio de un favor en distintos ámbitos para un ciudadano o compañía estadounidense.

Esto aplica también para el acto de soborno que ocurriere en esa jurisdicción y, según los partidarios de la norma, contribuirá a combatir la corrupción.

Según la Ley, el castigo por las mencionadas prácticas podrían incluir una multa máxima de 250,000 dólares (Q1,955,000) o tres veces el valor del soborno, así como penas de cárcel por 15 años. 

Si el infractor no estuviere en EE.UU., el Departamento de Justicia igualmente podría acusarlo y arrestarlo una vez esté en ese territorio, explicaron las autoridades al The Wall Street Journal.

De las sanciones a lo penal

Con esta nueva disposición se refuerza una política que ha impulsado la administración de Biden, la cual ha alcanzado ya a varios guatemaltecos, con medidas como la cancelación de visas y el embargo de bienes.

Tal es el caso de diputados, empresarios, fiscales y el amigo cercano del presidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, entre otros actores a quienes se ha señalado de atentar contra la democracia y favorecer la corrupción.

A decir de congresistas de EE.UU., esta nueva normativa complementaría la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar o mantener negocios.